Por una solución pacífica en Venezuela

En esta colaboración, expreso mi preocupación por los acontecimientos ocurridos en Venezuela y la convicción de que deben encontrarse alternativas civilizadas para encauzar el desarrollo futuro de este gran país.

Hemos comenzado este año con la noticia de la intervención del gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela, mediante una acción militar con alta tecnología que en la práctica representa la ocupación virtual y control efectivo de espacios estratégicos que definen la soberanía venezolana.

Esta intromisión en los asuntos de Estado de una nación independiente ha dado como resultado la destitución y procesamiento de su presidente, la designación administrada de un gobierno sustituto, un uso de fuerza inaceptable que lesiona la soberanía y la integridad territorial de una Estado independiente y el reconocimiento público de que esta acción tiene una motivación económica que se mantendrá mientras Venezuela no satisfaga las expectativas económicas del gobierno estadounidense.

Es nuestra opinión que tales hechos no pueden sernos ajenos, porque trastocan los códigos internacionales que regulan las relaciones pacíficas y civilizadas entre Estados soberanos de nuestra América y, por tanto, como Senador de la República Mexicana son temas que nos corresponde atender.

Pero tampoco podemos descartar que frente a esta expresión injustificada de fuerza, México y Latinoamérica entera corren el riesgo de recaer en los males que nos trajeron los regímenes autoritarios que se extendieron después del golpe militar de Chile en 1973, siempre acompañados de un modelo económico neoliberal que nunca favoreció ni el bienestar de los trabajadores, ni de las personas vulnerables.

Dado que, a pesar de las declaraciones de los autores de esta escalada, prevalece el debate sobre sus verdaderos motivos, me gustaría comentar que efectivamente el objetivo último no es la purificación de la democracia, ni el castigo y persecución de los carteles del narcotráfico; lejos de ello: el móvil, ya declarado, es aprovechar las enormes riquezas de la patria de Bolívar, para fortalecer la posición de los Estados Unidos en el mercado global de materias primas estratégicas.

Si uno observa las tendencias del mercado mundial petrolero en el mediano plazo, puede apreciar que la principal novedad la constituye el consumo acelerado de petróleo que han tenido, a causa de su veloz expansión económica, en lo que va del siglo XXI, China y la India, justo los dos países que han desplazado de porciones, cada vez más importantes del mercado mundial, a los Estados Unidos.

También se observa que, sin ser un gran consumidor de petróleo, Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de crudo: posee el 17 por ciento de las conocidas mundialmente, equivalentes a 303 mil millones de barriles; mientras los Estados Unidos sólo cuentan con 45 mil millones.

También es cierto que a pesar del uso creciente de energías limpias en el mundo y, particularmente en Europa, Estados Unidos ha mantenido sin variación significativa su consumo, por lo que continúa siendo el principal consumidor internacional de este hidrocarburo.

Con estas tres tendencias que caracterizan el mercado global de petróleo no queda duda que la intervención en Venezuela tiene como principal objetivo controlar la gran reserva venezolana, no sólo para bloquear el acceso a sus competidores, sino para hacer un gran negocio con los recursos de un país soberano que ahora corre el riesgo de volver a su antiguo estado colonial, paradójicamente, por su extraordinaria riqueza natural.

Las declaraciones de María Corina Machado no dejan lugar a dudas sobre el objetivo de la intervención y el papel de subordinación que la oposición venezolana quiere jugar, alegando, sin decoro alguno, que la intervención es legítima porque con ella se harán grandes negocios con una industria petrolera que ahora se encuentra subexplotada; afirmación que en nada se distingue de los móviles de la expansión estadounidense del siglo XIX que, bajo el argumento de aprovechar grandes extensiones de tierras vírgenes, se quedó con la mitad de nuestro territorio.

Sin duda hablamos del comienzo de una amenaza a la que todos los países hermanos de América Latina debemos oponernos, porque aún no tenemos claros sus verdaderos límites.

Acaso estamos ante una nueva pretensión imperial que puede dar lugar a una nueva forma de dependencia y opresión que la América de Bolívar, Hidalgo, Morelos, Martí, Cárdenas y Sandino no debe admitir.

Ante este riesgo tan evidente y crudo no debemos distraer nuestra atención: la transición venezolana, anunciada por el mismo presidente Trump y apoyada preliminarmente en líderes del Chavismo es una jugada distractora, muy pronto se dará paso a un gobierno afín al proyecto de consolidar el dominio del gobierno de los Estados Unidos sobre la república de Venezuela.

La condena internacional debe ser clara:

¡No a una nueva escalada militar, sustentada en razones económicas! porque la comunidad internacional tiene múltiples mecanismos e instituciones de negociación pacífica y civilizada para regular la competencia y, en su caso, dirimir controversias productivas y comerciales.

¡No a una intervención en los asuntos públicos de una nación soberana bajo el argumento de democratizarla! cuando el objetivo declarado es aprovechar, sin recato, sus riquezas naturales.

¡No a una invasión que provoque un derramamiento de sangre entre naciones hermanas, porque tenemos valores y preceptos internacionales que lo condenan como el articulo 2 ( 4 ) de la Carta de las Naciones Unidas, cuyo texto no deja dudas:

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Juan Carlos Loera de la Rosa / Analista