La adopción: amor que transforma destinos y restituye derechos
La adopción ha sido definida en el ámbito jurídico, social y administrativo como el acto mediante el cual una persona o pareja establece una relación filial con una niña, niño o adolescente que no es su hijo biológico, otorgándole derechos y obligaciones equivalentes a los de un hijo legítimo. La Convención sobre los Derechos del Niño la concibe como una medida de protección para garantizar el interés superior del menor. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la plantea como una medida excepcional y permanente para restituir el derecho a vivir en familia.
Desde perspectivas sociológicas y psicológicas, se abordan como un proceso afectivo de construcción familiar. Las instituciones, por su parte, la observan como un procedimiento legal y administrativo que busca brindar un hogar estable a menores sin cuidados parentales. Con frecuencia, estas visiones parten de los derechos y decisiones de los adultos, tanto adoptantes como operadores del sistema. Por ello, es fundamental incorporar la mirada de quienes son el centro del proceso: niñas, niños y adolescentes, no como objetos, sino como sujetos de derechos.
Para ellos, ser adoptados no implica únicamente cambiar de apellido o mudarse a una nueva casa; es una experiencia profunda, cargada de emociones como miedo, tristeza, incertidumbre y, al mismo tiempo, esperanza. Representa la posibilidad de recuperar el derecho a vivir en familia, de ser amados, protegidos y acompañados. También significa una transformación de identidad y la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad.
Para las familias adoptantes también puede resultar complejo incorporar a un nuevo integrante, supone desafíos afectivos, logísticos y legales, comenzando por un proceso frecuentemente largo y burocrático: evaluaciones, entrevistas y tiempos de espera, que ponen a prueba la voluntad y el compromiso de quienes desean adoptar. Sin embargo, estas etapas no deben verse como barrera, sino parte de una responsabilidad ética y humana que trasciende intereses individuales.
La adopción no debe entenderse como un acto de caridad, ni como última opción para formar una familia. Es un proceso ético, político y profundamente humano que restituye dignidad, derechos y sentido de pertenencia a quienes han sido vulnerados. Por ello, requiere acompañamiento profesional tanto para quienes adoptan como para quienes son adoptados, con un enfoque centrado en el bienestar de la infancia.
Cabe destacar que el marco normativo que regula la adopción, integra el contenido de instrumentos internacionales y nacionales, tanto del ámbito federal como el estatal, estableciendo el derecho que tienen los menores sin cuidados parentales, a recibir atención alternativa basada en el afecto y la estabilidad, además fijan principios y procedimientos a observar en los procesos de adopción, así como los mecanismos de certificación buscan garantizar este derecho.
Para 2023, más de 30 mil niñas, niños y adolescentes vivían en casas hogar en México. En 2024, más de 7 mil menores ingresaron a centros de asistencia, pero solo el 7% logró integrarse a una familia adoptiva. En el estado de Chihuahua, entre 2022 y 2024 se concretó un promedio anual ligeramente superior a 100 procesos de adopción. Durante el primer semestre de 2025, se contabilizaron cerca de 90 procesos en curso y más de 160 solicitudes, de las cuales solo el 45% fueron aprobadas. En ese mismo periodo, en Ciudad Juárez se formalizaron 24 adopciones y 30 niñas y niños fueron asignados a familias preadoptivas, mientras alrededor de 250 menores continúan a la espera de una oportunidad. Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer una verdadera cultura de adopción que coloque el interés superior de la niñez en el centro de las decisiones institucionales y sociales.
Es necesario reconocer el papel central de la familia en la construcción y reconstrucción del tejido social, así como su relevancia en el proceso de adopción. La finalidad de este proceso, no es llenar vacíos de los adultos, sino garantizar el derecho de las infancias a vivir en familia, considerando que la ausencia de un entorno familiar sano les priva del afecto y contención emocional, y limita su acceso a servicios esenciales como salud, educación y protección.
En contextos como Ciudad Juárez, donde muchas infancias enfrentan violencia, exclusión y abandono, resulta urgente fortalecer políticas públicas que promuevan una verdadera cultura de acogida y garanticen su protección integral. Como sociedad, debemos comprender que adoptar es un acto de amor, de justicia reparadora y corresponsabilidad colectiva. Es además, la oportunidad de humanizar nuestro entorno, cambiando el destino de quienes aún esperan una familia que los reciba con dignidad.
Rosa Isabel Medina / Analista
