Megaaseguramiento de 59 millones de litros de combustible abre dudas; SIMSA asegura que opera legalmente
El aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, anunciado por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de una investigación por presunto huachicol, generó nuevas dudas luego de que la empresa que opera la terminal asegurara que sus actividades son legales y que el combustible pertenece a sus clientes.
La operación se realizó en instalaciones de Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, empresa dedicada al almacenamiento y manejo de petrolíferos. La FGR informó que el hidrocarburo tenía características de gasolina regular, gasolina Premium y diésel y que su procedencia legal se encuentra bajo investigación.
A través de un comunicado, SIMSA sostuvo que la terminal opera con los permisos correspondientes y que su función consiste en recibir y almacenar combustible propiedad de empresas usuarias, las cuales deben acreditar la procedencia y propiedad de los productos.
La compañía señaló que el hecho de que los hidrocarburos se encontraran dentro de sus instalaciones no significa que sean propiedad de SIMSA ni que sean ilegales, y afirmó haber entregado a las autoridades la documentación relacionada con sus operaciones y con las empresas usuarias.
¿Qué investiga la FGR?
La Fiscalía mantiene abierta una investigación para determinar de dónde provino el combustible, quiénes son sus propietarios y cuál es su destino. De acuerdo con la información oficial, las indagatorias comenzaron después de que en julio fue detenida una persona que descargaba diésel de una pipa y no pudo acreditar su procedencia legal. A partir de esa investigación se realizaron diversas diligencias que condujeron al hallazgo en Guanajuato.
Hasta ahora, el caso no ha derivado en una confirmación definitiva de que los 59 millones de litros sean propiedad de SIMSA o de que la empresa sea responsable de una actividad ilícita.
La empresa, por su parte, afirma que cuenta con un permiso federal de almacenamiento de petrolíferos vigente y que la operación de la terminal es “completamente lícita y verificable”.
El caso permanece bajo investigación y será la documentación sobre la propiedad, trazabilidad y procedencia del combustible la que permita determinar si existió alguna irregularidad.
Mientras tanto, el aseguramiento continúa siendo presentado por las autoridades como combustible presuntamente ilícito, mientras SIMSA sostiene que se trata de productos pertenecientes a sus clientes y almacenados legalmente.
