Congreso de Chihuahua abre su tercer año legislativo con más de 50 pendientes sobre la mesa
El Congreso del Estado de Chihuahua inició este martes el tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Octava Legislatura, con una nueva Mesa Directiva encabezada por la diputada Joceline Vega Vargas.
La legisladora asumió la Presidencia del Congreso para el periodo que comprende del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027, acompañada por una Mesa Directiva integrada por representantes de distintas fuerzas políticas.
Entre los integrantes se encuentran Magdalena Rentería Pérez, de Morena, como primera vicepresidenta; Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, como segundo vicepresidente; Irlanda Márquez Nolasco, del PT, como primera secretaria, y Pedro Torres Estrada, de Morena, como segundo secretario.
El inicio del nuevo periodo abre una etapa en la que los diputados deberán retomar los asuntos pendientes y definir las prioridades que marcarán la agenda legislativa durante los próximos meses.
Uno de los retos señalados por la nueva presidenta es sacar adelante más de 50 dictámenes que permanecen pendientes, además de abordar temas de relevancia institucional como la Fiscalía Autónoma y la revisión del Presupuesto.
El arranque del tercer año legislativo ocurre además en un contexto político marcado por el proceso de definición de posiciones rumbo a las elecciones de 2027, lo que puede incrementar el debate entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso.
Sin embargo, la nueva Mesa Directiva tendrá como responsabilidad conducir las sesiones, garantizar el funcionamiento institucional del Poder Legislativo y buscar acuerdos para que los temas pendientes puedan avanzar.
La conformación plural de la Mesa Directiva coloca nuevamente al Congreso frente al reto de construir consensos entre partidos con posiciones diferentes y evitar que la agenda legislativa quede desplazada por las disputas políticas.
Con el inicio formal de este nuevo periodo, comienza también una etapa decisiva para una Legislatura que deberá demostrar si puede convertir los pendientes acumulados en resultados concretos para los ciudadanos.
