Juicio Político

¡No más violencia política contra las mujeres!

Se avecinan tiempos electorales toda vez que este domingo 30 de marzo iniciará la campaña de las personas candidatas a un cargo de elección judicial, la cual tendrá una duración de 60 días, concluyendo el 27 de mayo, dejando tres días de reflexión antes del día de la elección que será el primero de junio.

Y resulta muy pertinente abordar la violencia política contra las mujeres, porque muchas veces, se encuentra normalizada, invisibilizada y aceptada, por tanto, pueden constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan.

Pero ¿qué debemos entender por violencia política contra las mujeres en razón de género? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Y que dicha violencia le afecte desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Pero déjeme decirle quienes pueden ser responsables de las conductas relacionadas por violencia política contra las mujeres, porque se puede pensar que solo está vinculada con las personas que participan en el proceso electoral como lo podrían ser las personas candidatas, pero no es así, porque puede ser perpetrada indistintamente por personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, medios de comunicación, por un particular o por un grupo de personas particulares, es decir cualquier persona puede realizar dichas conductas.

Y quisiera mencionar en este espacio solo algunos de los supuestos, porque ya hay personas que empezaron a cometer dichas conductas, así tenemos que puede expresarse cuando se distribuye propaganda política-electoral o se realice cualquier expresión como lo puede ser divulgar imágenes, mensajes o información privada por cualquier medio físico o virtual de una mujer candidata que calumnie, injurie, degrade o descalifique con el propósito de desacreditarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales. Esta violencia se puede ejercer de manera física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial.

Y claro, es muy fácil descalificar o calumniar a una mujer candidata cuando no se tienen los argumentos ni las pruebas para hacerlo, y por tanto, se suele recurrir a estas prácticas porque no hay forma de desacreditarla, porque es evidente que la intención es afectarla políticamente.

También hay que recordar que dichas acciones constituyen un delito, y por tanto pueden ser sancionadas por la vía penal, con independencia de que la víctima pueda irse por la vía electoral a través del procedimiento especial sancionador, es decir dichas conductas pueden ser sancionadas en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

Por otro lado, se suele pensar que a las mujeres no se les podría acusar de violencia política contra la mujer, sin embargo, eso es falso, porque también las mujeres pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres.

De ahí que los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo su descalificación, una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia su capacidad y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.

Así es que mucho cuidado para aquellas personas que ya andan perpetrando dichas conductas o que pretenden hacerlo, porque pueden ser penalmente responsables por la comisión de un delito.

Esperemos que las campañas políticas de las personas candidatas a un cargo de elección judicial en Ciudad Juárez, se den en un marco de respeto y responsabilidad social, y si no fuera así, invito a las mujeres candidatas a que denuncien dichos actos.

Olivia Aguire Bonilla / Académica

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