Sólo 1.7% de los migrantes enfrentan deportación por delitos; la mayoría son por faltas migratorias
Aunque el discurso de la administración del presidente Donald Trump ha estado enfocado en deportar a los llamados “peores de los peores”, las cifras más recientes muestran que la gran mayoría de los procedimientos migratorios iniciados en Estados Unidos corresponden a personas sin acusaciones penales.
Datos entregados por el gobierno estadounidense al Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) revelan que durante mayo se registraron 48 mil 946 nuevos procesos de deportación ante tribunales de inmigración en todo el país.
De ese total, únicamente 867 casos incluían alguna acusación relacionada con actividad delictiva por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que representa apenas el 1.67 por ciento de los procedimientos iniciados.
La situación fue similar en los tribunales de El Paso, Texas, donde de 521 personas sujetas a procesos migratorios sólo nueve enfrentaban señalamientos de carácter penal, equivalente al 1.7 por ciento.
Según las estadísticas, la mayoría de los casos están relacionados con presuntas violaciones a las leyes migratorias, como ingreso sin inspección o permanencia irregular en el país.
Del total de expedientes con acusaciones penales a nivel nacional, cuatro correspondían a cargos vinculados con seguridad nacional, 216 a delitos graves agravados y 599 a otros delitos.
En contraste, más de 17 mil casos fueron abiertos por ingreso sin inspección, mientras que miles más corresponden a otras faltas administrativas relacionadas con el estatus migratorio.
En El Paso, durante mayo se iniciaron 236 nuevos procedimientos migratorios ordinarios. De ellos, 132 fueron por ingreso sin inspección y 104 por otras violaciones migratorias, sin que se reportaran antecedentes penales en esos expedientes.
Adicionalmente, se registraron 285 casos en el Centro de Procesamiento Especial de El Paso, donde los migrantes ya se encontraban bajo custodia. En ese grupo, siete personas enfrentaban acusaciones por delitos graves agravados y dos por otros cargos penales.
El abogado de inmigración Héctor Quiroga señaló que los datos reflejan una diferencia entre el discurso público y la realidad de los procesos migratorios.
“La evidencia refleja que los casos por delitos son minoritarios, pero la respuesta institucional no distingue con la misma claridad, y eso tiene efectos en cómo se procesa a las personas”, afirmó.
TRAC destacó que las notificaciones para comparecer presentadas por el DHS muestran que la mayoría de las solicitudes de deportación continúan sustentándose en presuntas infracciones a las normas migratorias y no en actividades delictivas.
Las cifras surgen en medio del debate sobre las políticas migratorias y las recientes red
