Sin empleo ni vivienda: los principales retos de las personas migrantes tras el cierre fronterizo
Ciudad Juárez.- El acceso a medios de subsistencia como alimentos y vivienda, la empleabilidad y el emprendimiento, los procesos de incidencia legal y política que habiliten el acceso al empleo formal son las necesidades prioritarias de las personas en movilidad que permanecen en México tras el cierre de la frontera de Estados Unidos para los solicitantes de asilo, señala el Diagnóstico de necesidades de personas en movilidad forzada en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Ciudad Juárez, Chihuahua, y Ciudad de México del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México).
Desde enero de 2025, cuando regresó a la Casa Blanca, Donald Trump ha intensificado la política de externalización de fronteras. A través de la Orden Ejecutiva 14159 Protecting the American People Against Invasion, declaró una emergencia nacional que permitió la expansión de deportaciones, el despliegue militar en la frontera y la reactivación de acuerdos con México y países centroamericanos para impedir el avance de personas migrantes.
A minutos de su toma de posesión, la cancelación de la app móvil CBP One dejó a miles de solicitantes de asilo sin vías de ingreso legales, redireccionándolos hacia rutas más riesgosas y dejándolos estancados en ciudades fronterizas del sur mexicano, como Tapachula, y del norte, como Ciudad Juárez, señaló la organización social.
En Ciudad Juárez, la incertidumbre y la falta de claridad sobre lo que pasará en los próximos meses con las políticas migratorias, si habrá vuelos de retorno voluntario o si el regreso al país de origen implica la exposición a ser perseguidos políticamente, han generado afectaciones importantes en la salud mental de las personas migrantes, provocando episodios de ansiedad, sentimientos de desesperanza, desánimo y falta de claridad en planes de vida a corto plazo.
Bajo el argumento de la protección a la seguridad nacional, el Gobierno estadounidense ha normalizado medidas que restringen el refugio, legitiman el uso de la fuerza y socavan principios fundamentales del derecho internacional, indica el informe.
JRS México también señaló que la cancelación de facto del derecho de asilo y la reestructuración política de la cooperación internacional se suman a la crisis sistémica, y organismos como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) han sido desmantelados como actores independientes y ahora responden directamente al Departamento de Estado, alineando sus decisiones con la agenda de exclusión y control.
“México desempeña un rol estratégico al dispositivo de contención regional promovido por Estados Unidos. A través de una política migratoria ambigua, el país ha adoptado prácticas que, lejos de garantizar protección, profundizan la exclusión, el desgaste y el sufrimiento de quienes se ven forzados a desplazarse”, denunció.
Apuntó también que la desarticulación de la respuesta humanitaria y el debilitamiento de los sistemas de protección, pública o asistencial, han contribuido a disminuir la capacidad de respuesta de albergues y otros espacios de acogida, donde las personas en movilidad forzada cubrían parte de esta necesidad.
Además, el cambio en los proyectos migratorios de las personas en movilidad forzada en México refuerza la necesidad de acceder a fuentes de ingresos estables, ya sea para financiar los planes de retorno a los países de origen, como para asentarse en las ciudades donde las personas permanecen.
“Es necesario apuntar a procesos de incidencia legal y política que promuevan categorías migratorias que habiliten el acceso al empleo formal. Se requiere del trabajo colaborativo en las redes de sociedad civil e Iglesia para impulsar cambios en la legislación y políticas respecto de las necesidades de las personas en movilidad forzada”, destacó JRS México.
