El agua y el campo: la realidad de la reforma

En las últimas semanas, el país ha vivido un debate intenso sobre la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Se especuló mucho y, en medio del ruido, parecía fácil perder de vista lo esencial: el derecho humano al agua y la urgencia de ordenar un sistema que durante décadas relativamente funcionó; pero a la vez dejó en incertidumbre a miles y miles de productores. Hoy quiero contarle a la gente, con claridad, por qué defendí estos cambios.

Primero, algo fundamental: la iniciativa original no se aprobó tal cual. Hicimos 68 modificaciones. Cada ajuste surgió después de escuchar a quienes viven todos los días de la tierra: mujeres y hombres que producen los alimentos que llegan a cada mesa. Ellos fueron la brújula, y sus inquietudes dieron forma a un dictamen con un profundo sentido social.

Uno de los temores más repetidos era que la nueva legislación separaría el agua de la tierra, afectando el valor de los predios y la seguridad jurídica de las familias. No era un miedo menor: el agua es vida, pero también patrimonio. Por eso decidimos dejarlo escrito sin ambigüedades: cuando una tierra se vende, se hereda o se transmite, la concesión de agua sigue vigente, con los mismos derechos para el nuevo propietario. Nada se pierde, nada se fragmenta.

También enfrentamos un problema histórico: el acaparamiento. Durante años se permitió que existieran títulos guardados como si fueran acciones financieras, sin producir, sin regar, sin beneficiar a nadie. Ese modelo se acabó. La ley establece reglas claras para impedir la especulación y garantizar que el agua se use para lo que debe usarse: vivir, producir y abastecer a las comunidades.

Otro avance crucial es el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, pensado para comunidades indígenas y regiones rurales que nunca han tenido una concesión justa. Se trata de que nadie quede fuera del acceso a un recurso que es de la nación.

Hubo también desinformación. Que el gobierno quería apropiarse del agua de lluvia. Que ya no se podría heredar el agua. Que todo estaba diseñado para controlar a los productores. Nada de eso es cierto. La captación pluvial se impulsa, no se prohíbe; y la herencia del agua queda garantizada con un procedimiento ágil que obliga a Conagua a expedir el nuevo título en un plazo máximo de 20 días.

Lo digo con la frente en alto: cuando esta iniciativa llegó al Congreso, yo estaba en contra. No iba a permitir que el campo de Chihuahua quedara desprotegido. Pero después de escuchar, corregir y trabajar con honestidad, hoy puedo decir que logramos una ley mejor, más humana, más justa.

Al final, esta reforma no sólo ordena un sistema agotado: reconoce el lugar del campo en la historia de México. Si hoy dimos un paso firme fue gracias a quienes trabajan la tierra y defienden cada gota con dignidad. A ellos les debemos escuchar siempre, incluso cuando el ruido político quiera imponerse. Ese es, y seguirá siendo, mi compromiso.