La esperanza se nos va: migrantes
Ciudad Juárez.- Las personas en contextos de movilidad, nacionales y extranjeras, permanecen en las fronteras mexicanas en un ambiente de estancamiento, con los “sueños cancelados” y afectaciones en toda su integridad, debido a los impactos de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, denunciaron ayer organizaciones y casas del migrante mexicanas.
En Ciudad Juárez, los migrantes que se están saliendo de los albergues para tratar de insertarse en la comunidad fronteriza están sufriendo precariedad alimentaria, comiendo una sola vez al día, viviendo en casas de renta con otras familias en movilidad, y en trabajos informales debido a la falta de documentación, señaló Alejandra Corona, coordinadora local del Servicio Jesuita para Refugiados México (SJR), durante la presentación del informe “Sueños cancelados: Primeros impactos de la administración Trump en la migración”.
“La esperanza se nos va”, confesó “Alejandra”, una migrante originaria de Venezuela, quien compartió con las organizaciones de esta frontera que una de sus mayores preocupaciones es la falta de acceso a trabajo, ya que se encuentra migrando sola y sin redes de apoyo que puedan auxiliarla.
Dijo que el albergue donde está en Ciudad Juárez limita sus horarios y no hay respuesta de su proceso de refugio, por lo que todas estas circunstancias la angustian y generan ansiedad, agotando sus esperanzas de poder construir un futuro seguro y cómodo.
A través del informe las organizaciones fronterizas de México y Estados Unidos y casas del migrante mexicanas denunciaron la precariedad, violencia y las afectaciones en salud física y mental que viven en esta y otras fronteras como Reynosa, Agua Prieta y Chiapas.
“Los impactos de las políticas migratorias de Estados Unidos y México afectan toda la integridad de las personas que están en México; en términos de salud, las principales afectaciones son las que se derivan del estancamiento. En muchos de los casos las personas vienen desde sus comunidades de origen con una situación de precariedad, y después de todos los estragos que viven en el trayecto” y los delitos que sufren, incrementan sus vulnerabilidades, dijo Corona.
Informó que la salud mental es una de las principales afectaciones que sufren al verse limitadas en sus opciones para recrear un plan de vida y tomar decisiones a futuro, por lo que se han detectado casos de ansiedad, distintas patologías y limitaciones para integrarse a la comunidad.
La activista también destacó las pocas posibilidades que tienen de acceso a la documentación migratoria, y lamentó que en esta política mexicana pareciera que son enemigos, sin posibilidades reales de refugio.
Los mexicanos desplazados por la violencia también han tenido problemas para poder ingresar al mercado formal en las fronteras, debido a que el proceso electoral del próximo 1 de junio no les ha permitido cambiar su lugar de residencia, un requisito para las empresas, informaron activistas religiosos.
Diana Solís, de la asociación civil Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), señaló que después de salir de sus lugares de origen por razones de violencia o motivos económicos, entre 2019 y 2025 el Instituto Nacional de Migración (INM) con Francisco Garduño al frente estableció una política de persecución y criminalización hacia las personas en movilidad.
Este abandono de las instituciones provocó un incremento en los casos de secuestro, extorsión, el robo y maltratos físicos y verbales, no solamente por parte del crimen organizado, sino también de las autoridades de los distintos niveles.
Las organizaciones pidieron al Senado mexicano, retomar el análisis y aprobación expedita de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, congelada desde 2020; también pidieron al Senado mexicano y al Gobierno de México facilitar la canalización de fondos a organismos multilaterales de protección humanitaria de personas en movilidad ante la disminución de apoyo financiero internacional, especialmente a raíz del congelamiento de la ayuda internacional de Estados Unidos.
A la Cámara de Diputados de México, al INM y la Oficina de la presidenta Sheinbaum, pidieron aplicar el amparo en revisión 388/22 de la Corte Suprema, de modo que se facilite el trabajo de las organizaciones humanitarias que atienden a las personas migrantes en México y se publiquen los protocolos de recepción de personas extranjeras retornadas desde Estados Unidos hacia México en el Diario Oficial de la Federación.
Exhortaron además “a todas las autoridades competentes, garantizar que las personas mexicanas retornadas puedan regresar a sus comunidades de origen con las condiciones mínimas de seguridad, o bien, ser reubicadas fuera de la zona de riesgo que originó su desplazamiento forzado”.
