Justicia para chow chow: la crueldad también es delito
La semana pasada, el 14 de julio de este año, trascendió en las redes sociales y en distintos medios de comunicación que un canino había sido agredido mediante un líquido que le fue arrojado sobre el cuerpo, ocasionándole lesiones graves, con quemaduras de segundo y tercer grado en las almohadillas de las patas delanteras y en el hocico, además del desprendimiento de la piel presuntamente provocado con un objeto punzocortante, lesiones que le ocasionaron un sufrimiento extremo antes de perder la vida, y aunque rescatistas le dieron la atención médica desafortunadamente falleció. Se trataba de un perro negro de raza chow chow que se encontraba al exterior de la taquería “El Charro Panzón” ubicada entre las calles Manuel J. Clouthier y la calle Piña y que fue encontrado cerca, en la calle Amozoc del Fraccionamiento del Real, de esta ciudad.
Además, a principios de esta semana se denunció otro hecho relacionado con un posible envenenamiento de varios perros en la zona conocida como “Los Kilómetros”.
Los animales son seres sintientes y su protección constituye una obligación jurídica y ética. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece deberes de cuidado, trato digno y bienestar animal, cuya observancia corresponde tanto a las autoridades como a la sociedad.
Ahora bien, el maltrato animal es un delito y es sancionado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, así, el artículo 366 señala que al que dolosamente cometa actos de maltrato en contra de algún animal de compañía, causándole la muerte se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización y el artículo 366 Bis prevé una pena de seis meses a cinco años de prisión cuando ocurren ciertas circunstancias agravantes. Sin embargo, en esos supuestos normativos, no se contempla expresamente la saña como circunstancia agravante como en el caso del perrito chow chow que fue desollado y quemado mientras aún estaba con vida, esa circunstancia debería de incorporarse como agravante de la pena, por ello resulta necesario exhortar al Congreso del Estado de Chihuahua a que revisen el tipo penal.
Sin duda, todos los casos de maltrato animal deben investigarse hasta las últimas consecuencias, aun cuando el animal no tenga dueño y sean animales en situación de calle, y aunque el atroz crimen cometido contra el perrito de raza chow chow ya se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, hasta el momento no se ha identificado a la persona o a las personas responsables, inclusive se ha ofrecido una recompensa para quien aporte información por la cantidad de 15 mil pesos y se espera que esa cantidad aumente porque asociaciones animalistas y en general la ciudadanía se ha unido para exigir y presionar a la Fiscalía General del Estado, para que investigue con la debida diligencia y celeridad y no se quede en el olvido como un caso más de crueldad animal.
Aunado a ello, nos sumamos al exhorto realizado a la Fiscalía General del Estado por la Comisión de Ecología y Protección Civil del Ayuntamiento de Ciudad Juárez y por el presidente Municipal Héctor Ortiz Orpinel para que destinen recursos humanos, técnicos y de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos, y se integre la carpeta de investigación sin demora, para que pueda darse con la persona presuntamente responsable.
Toda persona tiene el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales y que estos, por su naturaleza, son sujetos de consideración moral y su tutela es responsabilidad común. En consecuencia, las autoridades están obligadas a fomentar una cultura de cuidado y ello implica también desincentivar los discursos que normalizan, justifican o promueven la crueldad contra los animales, fomentar una tutela responsable y realizar acciones para la atención de animales en abandono.
La crueldad ejercida contra el perrito chow chow no puede quedar reducida a la indignación pasajera de las redes sociales. La Fiscalía debe identificar y llevar ante la justicia a quien resulte responsable. Una sociedad que tolera la tortura de seres indefensos normaliza la violencia; exigir justicia por los animales es también defender una convivencia más humana.
