Operativo permanente en Guachochi, mi exigencia que el Congreso acompañó

La seguridad no se politiza. Decirlo no es consigna, sino reconocimiento de una verdad evidente: la seguridad ya es, por naturaleza, un asunto político. Quienes asumimos responsabilidades públicas tenemos el deber de involucrarnos, de no mirar hacia otro lado cuando el miedo o la violencia se instalan en el corazón de Chihuahua.

Los hechos en Guachochi nos estremecen. La muerte de inocentes, incluido un menor, no puede ni debe convertirse en una estadística más. En medio de la tragedia, el silencio no es neutralidad: es complicidad. Por eso hablamos, porque la sierra tiene voz, y esa voz exige justicia y presencia del Estado.

México atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia reciente. Ha llegado también a nuestra sierra, aferrándose a ella como un cáncer que carcome lo más valioso: la vida, la esperanza, la paz. No se trata de señalar con el dedo, sino de reconocer que el problema es profundo y que los esfuerzos —aunque existen— no bastan.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora María Eugenia Campos Galván han impulsado una estrategia conjunta. Es justo reconocer el intento por enfrentar las consecuencias de años de omisiones y silencios. Pero frente al dolor de las familias y la zozobra que domina a las comunidades, los resultados aún son insuficientes.

Los grupos criminales no solo se fortalecen con armas y dinero, sino con la inercia institucional. Se adaptan, evolucionan, se expanden. Por eso la respuesta del Estado debe ser dinámica, firme y moderna: una estrategia integral, profunda y sostenida en el tiempo.

Desde esta tribuna —la de quienes creemos en la política como servicio— hacemos un llamado a todas las fuerzas representadas en Chihuahua a unirnos en una acción conjunta. Todos los partidos aprobaron mi exigencia a las Secretarías de Seguridad federal y estatal, a las Fiscalías y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que el operativo desplegado en la sierra se mantenga de manera permanente. Y que, paralelamente, se establezca un mecanismo de información pública que rinda cuentas sin poner en riesgo las investigaciones.

No basta con patrullar. Es indispensable reconstruir el tejido social. Planteamos la participación activa de las comunidades y la sociedad civil en estrategias de prevención, recuperación de espacios públicos y atención integral a víctimas. El miedo deja heridas que no pueden ignorarse; requieren acompañamiento, apoyo psicológico y programas sostenidos de reconstrucción.
Este no es un reclamo partidista, sino un llamado humano. Proteger a las familias, garantizar la paz y recuperar la confianza es tarea de todos. Callar sería traicionar el mandato ciudadano que nos trajo hasta aquí.
El silencio no es opción. Tampoco lo es defender liderazgos antes que al pueblo. Es tiempo de dejar de cuidar narrativas y empezar a cuidar vidas. Que la sierra sienta que estamos presentes, que no la abandonamos, que somos capaces —juntos— de devolverle la paz que merece.