Así las cosas, con la justicia y la soberanía
Los sucesos que han marcado el rumbo político de los últimos días tienen que ver no solo con la vida política, sino con las más profundas raíces de la sociedad mexicana y con el anhelo de soberanía y de un auténtico Estado de derecho por el que durante décadas hemos luchado las y los mexicanos. Este es, precisamente, uno de los pilares que el movimiento de la Cuarta Transformación ha asumido como bandera fundamental para el México moderno. Ninguna acusación, nacional o extranjera, puede sustituir el debido proceso.
Debemos partir de varios frentes: los señalamientos surgen en un contexto de violencia real y grave en nuestro estado, cuya situación se agrava por el descubrimiento de la intervención de la CIA en tareas de lucha contra las drogas y donde, por desgracia, hubo pérdida de vidas humanas. En este punto, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas mexicanas y extranjeras que, a final de cuentas, estaban luchando por librar del flagelo del narcotráfico al estado y al país. La prudencia y la responsabilidad nos deben llevar a revisar estos actos sin politizar el dolor.
Apenas unos días después, y en medio de una discusión sobre la legalidad de la intervención de instituciones extranjeras en México, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un expediente de 34 páginas contra el entonces gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más. En escenarios de alta tensión política, las acusaciones de esta naturaleza dejan de ser únicamente un asunto jurídico y se convierten también en elementos que inciden en la narrativa pública. No reconocer esa realidad sería ingenuo; sobredimensionarla sin pruebas, irresponsable.
Bajo esa misma lógica, también es indispensable medir con el mismo rasero todos los hechos que hoy están sobre la mesa. Así como resulta grave cualquier señalamiento que involucre a un servidor público, también lo es —y no en menor medida— que se haya permitido la participación de agentes de la CIA en operativos dentro del territorio nacional. Ambos temas tocan una misma fibra: la soberanía del Estado mexicano. No se puede exigir legalidad en un frente y minimizarla en otro.
Debe quedar claro que MORENA no defiende la impunidad de nadie; lo que se defiende es que ninguna persona sea condenada por titulares, filtraciones o intereses políticos externos. Si hay pruebas, estas deben presentarse ante las autoridades mexicanas en tiempo y forma; por otro lado, si las pruebas no existen o no son suficientes, no se puede permitir que acusaciones se utilicen para alterar la vida política interna de los mexicanos.
En este punto, lo más conveniente es no adelantar juicios mediáticos. Hasta este momento, no existe una sentencia judicial firme en México y tampoco se ha presentado públicamente una imputación formal ante los tribunales mexicanos. Lo que sí existe es una petición diplomática formal enviada por Washington a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que la Fiscalía General de la República está obligada a procesar conforme a las pruebas que se presenten. Por ello, lo más adecuado es actuar con prudencia y apego a la legalidad.
México y Estados Unidos mantienen una cooperación en temas de seguridad desde hace muchos años; un ejemplo es la Iniciativa Mérida (2008–2021) y el Marco Bicentenario para la Seguridad (2021 a la actualidad). En estos acuerdos ha quedado claro el papel de México en términos de cooperación, pero no de subordinación. Las acusaciones extranjeras no sustituyen la jurisdicción nacional. Por supuesto que las conductas ilícitas deben juzgarse y castigarse, pero siempre bajo el marco del estado de derecho.
En MORENA se ha sostenido públicamente una postura de cero tolerancia a la corrupción y respeto al debido proceso. La reciente separación de Rubén Rocha Moya del cargo de gobernador facilitará la investigación y permitirá deslindar responsabilidades jurídicas y políticas. Esto también permite contrastar entre prácticas del pasado y la exigencia de transparencia en el presente.
Existen tres pilares que deben sostener la vida pública en México: la justicia con pruebas, la soberanía sin confrontaciones innecesarias y la responsabilidad política sin linchamientos. México no puede ser un país donde las acusaciones sustituyan a la justicia, ni donde la justicia se subordine a presiones externas. La fortaleza de las instituciones mexicanas está en encontrar ese equilibrio.
Armando Cabada / Analista
