Señalan consecuencias de deportaciones de EU a terceros países
Una coalición de 22 organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes participó en una audiencia pública celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el impacto de las deportaciones forzadas de Estados Unidos a terceros países y sus “devastadoras consecuencias”, como son la detención sin el debido proceso, la separación familiar y la persistente incertidumbre jurídica.
“Durante demasiado tiempo, la frontera entre Estados Unidos y México ha sido testigo de la deportación de personas de diversas nacionalidades desde Estados Unidos a México, a pesar de la ausencia de un acuerdo público entre ambos países. Ahora, enfrentamos la creciente presión de las deportaciones de personas altamente vulnerables de otros países, incluyendo mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes son deportados sumariamente, a menudo tras sufrir abusos durante sus arrestos y detenciones”, denunció Jesús de la Torre, subdirector de Migración Global del Hope Border Institute (Hope).
El activista de la organización que apoya a las personas en contexto de movilidad en Ciudad Juárez y El Paso señaló que “una vez en México, sin redes de apoyo, luchan por acceder a seguridad y protección”, por lo que instó a la Comisión a que continúe monitoreando y denunciando estas prácticas.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Migración (INM), durante el primer año del gobierno de Donald Trump aproximadamente 2 mil personas extranjeras de distintos países fueron expulsadas de Estados Unidos a través de Ciudad Juárez, para luego ser enviadas al sur de México.
En la audiencia, celebrada en la ciudad de Guatemala, se examinó el uso generalizado y creciente por parte del gobierno de Trump de traslados a terceros países para expulsar y deportar a solicitantes de asilo y migrantes a países donde no tienen vínculos legales ni personales y donde corren grave peligro.
La coalición de organizaciones nacionales, regionales y mundiales de derechos humanos solicitó la audiencia ante la CIDH, la cual evaluará ahora las pruebas presentadas para fundamentar sus recomendaciones a los Estados que celebren acuerdos de transferencia que violen el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones internacionales.
Durante el último año, Estados Unidos ha suscrito cerca de 30 acuerdos con otros países, incluidos al menos 14 países de América Latina y el Caribe, para expulsar y deportar inmigrantes que no son nacionales de esos países.
La administración ha trasladado por la fuerza a casi 14 mil nacionales de terceros países a países de América. Entre las personas afectadas por estos traslados forzosos se encuentran niños, familias, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con problemas de salud, personas con solicitudes reconocidas de protección internacional y personas que huyen de la persecución en sus países de origen, informaron.
“Los inmigrantes trasladados por la fuerza en virtud de estos acuerdos han sufrido desapariciones forzadas, detención arbitraria, tortura, devolución forzosa, separación familiar, violaciones de los derechos del niño y otras violaciones de los derechos humanos. Estados Unidos ha tomado como objetivo a personas en diversas etapas de sus casos de inmigración, incluidos solicitantes de asilo cuyos casos aún no habían sido escuchados y personas a las que se les había concedido la suspensión de la deportación o protección en virtud de la Convención contra la Tortura (CAT)”, señalaron.
Los acuerdos secretos privan a las personas de sus derechos fundamentales, destrozan familias y exponen a individuos ya vulnerables a un daño extremo, ya que las personas son enviadas a países en los que no tienen vínculos ni apoyo, como ocurrió con un adulto mayor con demencia que fue deportado sin su teléfono y no recordaba los números de sus hijos, declaró Rachel Schmidtke, defensora principal para América Latina de Refugees International.
“En Human Rights First nos unimos a nuestros socios para exigir que se rindan cuentas por la opaca red de acuerdos forzados con terceros países del gobierno de Trump. Los gobiernos de América Latina y el Caribe son cómplices de la agenda de deportaciones masivas del gobierno, con al menos 14 países de la región que han acordado recibir a nacionales de terceros países”, declaró Savi Arvey, directora de Investigación y Análisis de Human Rights First (HRF).
La coalición de organizaciones está integrada por Al Otro Lado; Estadounidenses por la Justicia para los Inmigrantes; Amnistía Internacional; Asociación Pop No’j; el Centro de Derechos Humanos de UC Berkeley; Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Boston; Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS); Clínica de Disputas Transnacionales de la Facultad de Derecho de Cornell; Cristosal; Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florencia (el Proyecto Florencia).
También participaron Hope; HRF; el Consejo Global de Litigios Estratégicos; la Alianza Puente Haitiana (HBA); el Centro Legal de Defensores de Inmigrantes (ImmDef); el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas; Médicos por los Derechos Humanos; Red Pedro Pantoja de Casas y Centros de Derechos Humanos de Migrantes de la Zona Norte (Red Pedro Pantoja); Refugees International y el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy.
