Cruzar por México, lo peor que les ha pasado

Entre enero de 2023 y abril de 2025, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) ha atendido en Ciudad Juárez a 659 personas migrantes víctimas de secuestro en su ruta por el país hacia Estados Unidos o en esta frontera, por lo que consideran que cruzar por México ha sido lo peor que les ha pasado.

Al mostrar un mapa de zonas de riesgo de secuestro para personas en movilidad, el cual muestra que el delito “realmente se da en toda la ciudad”, Elena Burciaga informó que de enero de 2023 a octubre de 2024 la organización atendió a 616 personas sobrevivientes de secuestro, mientras que en los últimos seis meses –de octubre de 2024 a abril de 2025– han atendido a 30 mujeres y 13 hombres más que fueron privados de la libertad en su trayecto a la frontera o dentro de la ciudad.
“Este es un dato importante, porque tanto hombres, como mujeres, niños, niñas y personas LGBT han sido impactadas con este tipo de delito”, señaló la activista de la organización que apoya a personas deportadas, mexicanas y extranjeras en tránsito y en busca de refugio internacional.

Durante la mesa de diálogo “Migración, violencias y género”, que se llevó a cabo durante el foro nacional “México: las migraciones en el siglo XXI. Voces que cruzan fronteras”, organizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) la tarde del lunes 28 de abril, Burciaga y Yenifer Rosales Navarrete expusieron la situación que viven las personas en movilidad que se encuentran en esta frontera.
“En el contexto actual podemos observar abusos, extorsión, colusión por parte de autoridades, incremento de delitos de alto impacto contra migrantes e injerencia del Gobierno municipal en temas de control migratorio”, dijo Burciaga al señalar que al ser una frontera existe un impacto directo de lo que sucede en Estados Unidos.
Informó que las principales poblaciones que han atendido son la venezolana y mexicana, la mayoría mujeres, entre 18 y 29 años, tanto en tránsito como solicitantes de protección internacional; sin embargo, también han atendido a personas provenientes de países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Ecuador, Perú, Haití, Chile, Brasil, Mauritania, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, China, Bangladesh, Afganistán, Siria, Turquía, Rusia, India, Vietnam, Congo, Nigeria, Costa de Marfil, Uzbekistán y Sri Lanka.
El secuestro es “un delito que ha aumentado durante el año pasado y éste, que sabemos que ha estado presente, porque lamentablemente la movilidad es usada como una moneda de cambio, pero a veces parece que se hace un caldo de cultivo con ciertas vulnerabilidades, con ciertas políticas que se dan en el contexto, ciertas gobernabilidades”, externó.

La activista compartió el mapa de zonas de riesgo de secuestro para personas en movilidad, creado como “un monitoreo de contexto sociopolítico actual conforme a registros de acontecimientos”, en el que se observan las zonas y las casas de seguridad descubiertas, así como la ubicación de los albergues en la ciudad.
Dijo que son “puntos en los que se ha mencionado que existe algún tipo de secuestro, casas de seguridad o algún tipo de delito que tiene que ver con el secuestro. Realmente se da en toda la ciudad”, los cuales van desde el norponiente, en la frontera con Sunland Park, Nuevo México, hasta el sur de la ciudad.
Según datos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, mientras que 2023 registró en el estado de Chihuahua 160 víctimas de secuestro –todas personas migrantes–, en 2024 la cifra fue de 181 víctimas, la mayoría migrantes; y entre enero y abril de 2025 suman al menos 65 víctimas, 55 migrantes y 10 civiles, la gran mayoría en esta frontera, en donde los secuestradores cada vez se organizan mejor y son más agresivos con las personas que privan de la libertad.
La autoridad estatal señaló que el cierre de la frontera de Estados Unidos para los solicitantes de asilo, ordenado por el presidente Donald Trump, provocó la disminución del flujo migratorio y por lo tanto menos ingresos para los grupos delictivos de Chihuahua que se dedicaban al cruce irregular, los cuales se han profesionalizado en el delito de secuestro con el fin de seguir obteniendo ganancias.

“Las personas viviendo fuera de albergue se ven más vulnerables en zonas de alta precariedad e incidencia”, y debido a las políticas migratorias de Estados Unidos la mayoría están viviendo fuera de los albergues, en casas de renta o casas prestadas; con el crimen organizado, incidentes delictivos y carencias de servicios, amenazas, y ante el riesgo de sufrir extorsiones, cobros excesivos de renta, malos tratos, secuestro y acoso”, agregó la integrante del JRS.
Informó que, en los últimos seis meses, la organización ha realizado 138 entrevistas en Ciudad Juárez, en las cuales 83 mujeres y 26 hombres dijeron haber tenido algún tipo de incidente delicado durante su tránsito, como violencia. Y de ellos, 13 hombres y 30 mujeres son sobrevivientes de secuestro.
Aumento en frecuencia y severidad de secuestros

Rosales Navarrete indicó que antes de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos cuatro de cada cinco personas en Juárez mencionaron haber sufrido alguna situación de violencia en su tránsito hacia la frontera, además de que hubo un aumento de la frecuencia y severidad en los casos de secuestro.
Antes del regreso del republicano a la Casa Blanca, las personas en contexto de movilidad tenían estancias de más de nueve meses en los espacios de acogida de la ciudad, y se enfrentaban al recrudecimiento de las políticas migratorias mexicanas con una política de contención y deportación para que no se acercaran a la frontera norte y no pudieran llegar a Estados Unidos.
“México se ha convertido en la ruta terrestre más peligrosa del mundo”, por lo que “cruzar por México ha sido lo peor que les ha pasado”, lamentó la psicóloga.
Informó que después del 20 de enero, cuando inició el gobierno de Trump, las personas en situación de movilidad se enfrentaron al cierre del programa CBP One, y de solicitudes de asilo, por lo que han ido en aumento exponencial las solicitudes de asilo en México, frente a la suspensión de presupuestos y el cierre de proyectos de organizaciones que recibían fondos estadounidenses.
También se ha registrado un desplazamiento de las personas a sus lugares de origen o hacia el centro y sur del país; aunque no todas pueden retornar debido a los motivos por los que huyeron, principalmente la violencia.
Las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, el haber quedado atrapadas en la frontera y la violencia que han sufrido, ha generado diversas afectaciones psicoemocionales a las personas.
“La población que migra es tan diversa y así también son las situaciones que estamos viendo, pero las que más hemos observado en las personas es la pérdida de peso por deshidratación, por falta de recursos económicos; dolores musculares, porque muchas han tenido que caminar por días; dolores de cabeza, por cuestiones psicológicas, pero también deshidratación y mala alimentación”, informó quien da acompañamiento psicológico.
También han presentado casos de diarrea, pérdida de cabello, pérdida de energía y lesiones en distintas partes del cuerpo, así como síntomas depresivos, trastornos de estrés postraumático, baja autoestima, miedo, aislamiento, síntomas de ansiedad, ideación suicida y sensación de soledad, los cuales se agudizaron después del 20 de enero porque muchas personas no tienen la opción de regresar a su lugar de origen, destacó.
Burciaga resaltó la necesidad de adaptación de los programas de asistencia humanitaria a las necesidades específicas de género, la importancia de la participación de las personas migrantes con diversas identidades de género en el diseño e implementación de programas, así como el rol de las organizaciones de la sociedad civil y las redes comunitarias en la protección de género en contextos migratorios.
“Y, principalmente, el reconocimiento del desplazamiento forzado con motivaciones generales, no solamente por el empleo”, además de desdibujar la tendencia de expulsión de familias y la estigmatización hacia los hombres migrantes, recomendó.
También subrayó la necesidad de integración y armonía con los diferentes órdenes de gobierno y la gestión de la migración para apoyo integral.
“Los financiamientos se han visto afectados, pero no se ha visto qué parte del Gobierno va a tomar estos vacíos que existen y cómo integramos los servicios para no tener dobles esfuerzos, principalmente de población y de gente que ha trabajado durante muchos años”, externó.