Tráfico de armas desde EU: El vínculo con el alza de homicidios en México
En Estados Unidos, hay más armas que personas: Ciento catorce artefactos por cada 100 habitantes en ese país. Este dato fue mencionado por Javier Schütte, abogado y cofundador del Área de Derecho Penal en el ITAM, durante la presentación de los aportes del Seminario sobre Violencia y Paz, de El Colegio de México (Colmex), sobre el trasiego de armamento desde territorio estadunidense a nuestro país.
De acuerdo con el informe —que recupera cifras del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—, mientras que de 2004 a 2008 los homicidios totales en México aumentaron en 50 por ciento, aquellos cometidos con armas de fuego aumentaron en 90 por ciento.
El incremento coincide con el hecho de que, en 2004, perdió vigencia en Estados Unidos la Federal Assault Weapons Ban, la Prohibición Federal de Armas de Asalto. Aprobada por el Congreso de ese país solo una década antes y que fue firmada por el presidente Bill Clinton.
“Las cifras de homicidios con armas de fuego siguieron aumentando hasta el año 2018, alcanzando su máximo en ese último año y, aunque desde entonces han disminuido, permanecen en niveles inaceptables. Más de cuatro veces el promedio mundial”.
El 72 por ciento de estos homicidios son cometidos con armas de fuego y se calcula que, actualmente, hay casi 13 millones 400 mil armas ilegales de este tipo circulando en México, añadió Shutte.
Solo 8.6 por ciento de las ilegalmente traficadas en los últimos 20 años han sido aseguradas por autoridades federales.
Anualmente, las cifras de armas traficadas desde la frontera norte van desde las 200 mil hasta las 873 mil.
Comercio de armas en los estados fronterizos
En entrevista para IMER Noticias, Omar García-Ponce, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, coincide en que la expiración de la ley federal que prohibió el uso de armas de asalto fue un factor que contribuyó al incremento de la violencia asociada al crimen organizado en México.
“Entre el 70 y el 90 por ciento de las armas que son decomisadas en México y que se envían a la ATF [Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos] en Estados Unidos para rastrearlas vienen de Estados Unidos. Muchas de esas armas se compraron de forma legal”.
García-Ponce realizó un mapa del número de comerciantes de armas de fuego con licencias activas para venderlas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Lo que revela el mapa, con cifras de enero de este año, es que existen alrededor de nueve mil solo en los cuatro estados fronterizos: Arizona, California, Nuevo México y Texas.
“Si a estas le sumamos las licencias que se otorgan para fabricar o importar armas, que también permiten la venta, entonces estamos hablando de que son en total como 13 mil 600. Son casi nueve mil licencias para vender y otras cinco mil para importar y fabricar armas. Son de distintos tipos y en el mapa puse cuántas existen por cada ciudad. Podemos ver que hay ciudades que tienen decenas, incluso cientos de puntos de venta de armas”.
En todo el país hay 50 mil comerciantes, aproximadamente. Los estados fronterizos concentran casi el 20 por ciento de ellos. Tan solo Texas acumula más del 10 por ciento.
EU consciente de que su mercado es México
Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, una consultoría dedicada al análisis de datos sobre violencia, crimen organizado y políticas de seguridad; apuntó que en la demanda del gobierno mexicano contra gigantes de la industria armamentística en Estados Unidos presentada en 2021 se argumentó que las empresas estadounidenses no incorporan tecnologías que impidan el uso de las armas por personas no autorizadas y que eviten modificaciones para aumentar su poder de fuego; que venden sus productos a tiendas con licencia sin importar si han estado involucradas en tráfico ilegal previamente; toleran ventas múltiples a compradores asociados con redes criminales; enfatizan las características militarizadas de las armas, y que utilizan motivos mexicanos en su publicidad (como la denominada “Jefe de jefes”), lo que implica, dijo, que son conscientes de que su mercado incluye a México.
En ese sentido, mencionó que la reciente orden del presidente Donald Trump para designar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras sería “de orden doméstico”. Ya que supuestamente existe influencia política para que las leyes que permiten el otorgamiento de licencias sean más “laxas”:
“Se acaban de dar cuenta de que los castigos y las sanciones que traería esta designación de terroristas sería de orden doméstico y en ellas estarían involucradas muchísimas empresas estadounidenses que han vendido armas a los cárteles mexicanos, pero esto va mucho más allá. No solo se trata de los empresarios. Los estados del sur de Estados Unidos tienen leyes más laxas para la venta de armas si los comparamos con los estados del norte.
Esto quiere decir que, probablemente, ha habido un trabajo de cabildeo no solamente de los empresarios de las armas, sino también de los cárteles en los congresos estatales de Estados Unidos. Probablemente hay también una complicidad de las clases políticas locales de algunos estados con líderes criminales mexicanos para aflojar leyes y poder ellos adquirir más armas”.
García-Ponce agregó que quienes compran armas de alto nivel de manera legal en el país trabajan como intermediarios para venderlas al crimen organizado en México.
“Incluso algunas de estas armas, hasta la fecha, es posible comprarlas en un Walmart, por ejemplo. Los requisitos para comprar un arma no son muy estrictos. Aquí el problema es que surge una gran oferta. Es como un shock en la oferta de este tipo de armas que son muy atractivas para el crimen organizado. El arma de alto poder se vende de forma legal en Estados Unidos, un ciudadano con un permiso para comprar armas la adquiere de forma legal y después funciona como intermediario para venderla al crimen organizado en México o alguien que esté conectado con el crimen organizado. Lo único que necesita alguien que quiere traficar un arma a México es un contacto con alguien que pueda comprar armas, básicamente”.
El 4 de marzo pasado, México expuso sus argumentos en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas ante la Suprema Corte de Estados Unidos.
El equipo jurídico de México recordó que en la demanda presentada se afirma que fabricantes con licencia venden las armas a distribuidores autorizados, quienes las venden a minoristas y ellos, a su vez, a prestanombres, de los cuales algunos las transfieren a contrabandistas que las introducen a México y entregan a los cárteles.
Tráfico hormiga de armas
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en su Estudio Mundial sobre el Tráfico de Armas de Fuego de 2020, menciona que el “tráfico hormiga” —caracterizado por que muchas personas transporten armas en pequeñas cantidades para reducir el riesgo de ser detectadas por parte de las fuerzas de seguridad— es utilizado para transportar las armas de Estados Unidos a México.
Según el estudio, América del Norte es la principal subregión de donde proceden más armas incautadas. América Central y del Sur, junto con Asia Occidental, representan más del 80 por ciento de los destinos del tráfico. Estas zonas, apunta, destacan por sus altos niveles de violencia delictiva o conflictos.
“No es el número de armas en circulación, es el contexto en el que están disponibles”
Carlos Pérez Ricart, profesor e investigador en el Centro Público de Investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (CIDE), plantea en su artículo ¿Más armas, más violencia? Evidencia de una compleja relación desde América Latina que no es el número total de armas en circulación lo que determina los niveles de violencia, sino el contexto en el que están disponibles esas armas.
Escribe que, en el caso de América Latina, donde sucede el 33 por ciento de homicidios globales, existen factores como el pobre funcionamiento de los sistemas de justicia e investigación criminal, la prohibición de drogas, la tendencia hacia la fragmentación de grupos criminales y los procesos de militarización de la seguridad pública, los cuales permiten señalar que la alta disponibilidad de armas sí es un factor que cataliza situaciones violentas.
Otra serie de asuntos relacionados, de acuerdo con Pérez Ricart, incluyen el tráfico de las armas en circuitos de corrupción institucionalizada, su contrabando hormiga y su uso para apuntalar redes de tráfico de drogas o de personas.
Al respecto, Javier Schütte, abogado y cofundador del Área de Derecho Penal en el ITAM mencionó:
“¿De dónde vienen las armas? Se ha dicho hasta el cansancio. Para tener presente la más reciente cifra, como lo reconoce la propia ATF, 74 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México vienen de Estados Unidos. Es más probable que un arma fabricada en Estados Unidos acabe utilizándose para matar a un mexicano que en un homicidio en territorio estadounidense. Las armerías y las distribuidoras de armas podrían hacer muchísimo más para evitar que sus productos acaben en cárteles de la droga. Es tan burdo que hay prácticas de cuando menos negligencia que menos del 10 por ciento de las tiendas distribuidoras de armas son las que venden casi el 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México”.
¿Qué impacto tiene la creciente violencia armada en la sociedad mexicana?
Se estima que cada aumento de un punto en la tasa de homicidios por cien mil habitantes en México conlleva que más de seis mexicanos huyan de su hogar. En 2020, más del 40 por ciento de menores de edad escucharon o vieron disparos frecuentes. Mientras que para los hombres el aumento en homicidios con arma de fuego de 2007 a 2019 fue de 318 por ciento, para las mujeres fue de 357 por ciento.
Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, organización feminista dedicada a la promoción de políticas públicas para la igualdad, comentó que las armas de fuego son utilizadas en diversidad de delitos y la sola presencia de una en un hogar aumenta el riesgo de muerte de infancias y mujeres víctimas de violencia.
“Que luego es lo que pasa: el crimen organizado en grande, los grandes cárteles y es como: ‘Sí, espérate. Pero esos hombres que son parte de los cárteles también tienen familia. ¿Cómo entonces afectan las armas de fuego en esos contextos familiares?”.
Desde Intersecta han documentado que la violencia armada afecta cada vez más a todos los sectores de la población en gran parte del territorio mexicano:
“Si vemos en niños de 0 a 10 años, las armas de fuego también son la forma más común en la que son asesinados. Ya si saltamos a adolescentes, jóvenes, por ejemplo, hombres y mujeres entre los 11 y 20 años, las armas de fuego también ya representan más del 70 por ciento de los casos de homicidios. Entonces, me parece muy importante señalar aquí que es una violencia que se está generalizando tanto que ya sea hombre, mujer, niño o adulto puede afectar. Algo similar estamos encontrando cuando lo vemos geográficamente. En 19 de las 32 entidades federativas que tenemos en el país, los homicidios con armas de fuego ya representan más del 50 por ciento de los homicidios, incluido en casos de mujeres. Es esta violencia como tan generalizada que justo si lo vemos geográficamente por edades, por género, cada vez alcanza a más y más víctimas”.
El impacto de la violencia armada dice Vela, no acaba “con el entierro” de las víctimas. Cuando las mujeres son víctimas de asesinato, las infancias se encuentran al centro: no solo pierden recursos económicos, sino también su red de cuidados.
Impacto al derecho a la vida y a la integridad
Eduardo Guerrero, coordinador del Área Internacional del Centro Prodh– asegura que el impacto es directo en varios derechos, como el de la vida o el derecho a la integridad. Así como en el acceso a la justicia frente a los crímenes que se cometen por la violencia armada, pues la mayoría de ellos quedan impunes.
“Por ejemplo, el caso de Javier Barajas Piña. Él era un buscador en el estado de Guanajuato. Buscaba a su hermana desaparecida, Guadalupe, en cuyo caso se logró determinar que se incautaron armas a personas que fueron procesadas en la investigación en este caso y se detectó que estas armas provenían de Estados Unidos. Aquí vemos como tiene un impacto directo al haber asesinado a un buscador de una persona desaparecida en ese contexto. Hemos visto también cómo en el caso de Ayotzinapa, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, hay una vinculación entre armas que llegaron particularmente de Alemania en un esquema de corrupción y distribución ilícita en el país”.
El centro se sumó a uno de los amicus curiae presentados ante la Suprema Corte estadounidense, argumentando que es indispensable que exista una mayor regulación y una mayor fiscalización en torno a la venta de armas en Estados Unidos.
“Siendo organización de derechos humanos, nuestro interés es contribuir a que disminuya la violencia, a que existan mejores garantías para que las personas puedan vivir y ejercer sus derechos de manera pacífica, pero también porque hemos visto cómo en varios de estos casos la impunidad es la regla. Buscamos que exista justicia alrededor de estos casos y por eso es que nos hemos sumado a este amicus que presentamos diversas organizaciones, academia, respaldando la demanda del gobierno mexicano en Estados Unidos contra las comercializadoras de armas de fuego”.
Guerrero agregó que la asociación civil también presentó un recurso similar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que señala la necesidad de que se contemple esta problemática con una perspectiva de derechos humanos.
“No solo es el tema comercial, no solo es el tema de cómo se regula en lógica de mercado en Estados Unidos, sino también cómo se reconoce que es una obligación de los estados en materia de derechos humanos desde regular la actuación de las empresas, en este caso las empresas armamentistas, hasta fiscalizar cómo llevan a cabo sus operaciones y reconocer que hay una responsabilidad de las empresas cuando las armas que comercializan son utilizadas para generar violaciones a los derechos a la vida, los derechos a la integridad”.
Se estima que, en junio de este año, el máximo tribunal de Estados Unidos emita una decisión, que impactará en la relación bilateral y podría sentar un precedente para las víctimas de violencia armada y para otros países de América Latina en caso de ser favorable para México.
