Por qué la gente no apoya a los jueces. El caso Chihuahua

José Luis Contreras

El dos de junio de 2024 Claudia Sheinbaum fue electa la primera mujer presidenta del país, en una elección que no sólo marcará un hito histórico-político, también jurídico, pues ese día quedó sellada la suerte del Poder Judicial del país, con una abrumadora votación por un proyecto que llevaba como una de sus principales banderas la reforma de fondo al Poder Judicial, tanto federal como nacional, con la renovación total de jueces, magistrados y ministros por voto popular, es decir en las urnas, como se eligen a los gobernantes y legisladores.
Esta reforma que se viene, aunque no necesariamente trae el respaldo de todos los que votaron por la candidata morenista, sí puedo asegurar que la mayoría quiere cambiar al Poder Judicial, y no hablo necesariamente de las personas sino a la forma de impartir justicia de los jueces, pues según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental (ENCIG) 2023 del INEGI, 7 de cada 10 mexicanos no confían en el Poder Judicial del país.
Las razones son muchas, pero podemos afirmar que prevalece entre los mexicanos una percepción generalizada de corrupción, de un trabajo deficiente, de nepotismo (entran a trabajar familiares y amigos a los juzgados dejando fuera a aquellos buenos perfiles con mayor capacidad, salvo excepciones con jueces que sí se ganaron su lugar), pero sobre todo, de falta de rendición de cuentas o sanciones, así como elevados sueldos y prestaciones, que no son acordes con lo que los mexicanos esperan.
Esta percepción es debido a que se sabe que existe corrupción en dicho poder, aunque no de manera generalizada sí es sintomática, sin embargo no se conocen sanciones o destituciones, no se diga ya investigaciones penales, contra jueces, magistrados y ministros por su actuar, pues el fuero, sumado a un órgano vigilante que pertenece al mismo Poder Judicial, ha hecho que prevalezca una imagen de impunidad y corrupción en el sistema judicial del país.
Sumado a ello, los sueldos y prestaciones que reciben no serían reprochables si el sistema de justicia funcionara a lo que esperan los mexicanos, pero por el contrario, hay varios jueces (no generalizo tampoco) que juzgan como si se tratara de un juego su trabajo, o una cosa menor, y lo único que uno como ciudadano tiene a la mano para combatir su mal actuar son las impugnaciones, que tardan años en resolverse hasta la última instancia. Y cuando alguien les señala su actuar deficiente la única respuesta que obtiene es “si no le gusta impugne” aunque sea evidente su actuar irregular, pero en lo que se resuelve la impugnación (quienes tienen los recursos económicos para seguir el asunto) afectan la vida, el patrimonio, la libertad o la seguridad de las personas.
Por otro lado, si usted se da una vuelta a cualquier juzgado o poder judicial del país y puede averiguar qué familiares trabajan ahí, se dará cuenta que ahí está la familia, compadres y amigos de unos y otros, la mayoría de ellos sin la convicción, ganas, ética, pero sobre todo vocación que tendría cualquier estudiante de derecho o recién graduado, pero que no puede ocupar esos espacios porque no es “recomendado”, y si corre la suerte de ser admitido será primero como “meritorio”, regalando tu tiempo y dinero sin que te paguen, por meses o años, cosa que no ocurre con el recomendado.
Y en los estados la cosa es igual, basta con recordar en Chihuahua la reforma al Poder Judicial que impulsó César Duarte, donde acomodó como magistrados a políticos sin experiencia judicial, ni siquiera como abogados, que aún continúan hoy en nuestros días ejerciendo, y que carecían de nula experiencia para ser siquiera pasantes de derecho, menos jueces y no se diga magistrados (salvo honradas excepciones).
Esquema que estuvo a punto de repetirse ahora con Maru Campos donde quiso nombrar magistrada a otra política, que no pudo acreditar experiencia como abogada y mucho menos conocimientos, siendo expuesta por los diputados en su desconocimiento de la materia que aspiraba, de tal manera que no pudieron apoyarla en acuerdo político los diputados afines a la gobernadora, política por cierto amiga de ella y que fue acusada de corrupción por Javier Corral.
Por supuesto que sí hay magistrados y magistradas que sí están ahí (no de la época de Duarte por supuesto), por méritos y carrera judicial, por convicción.
Por todo esto es que la ciudadanía no defiende ni defenderá al Poder Judicial ahora que buscan el apoyo social para no ser removidos con la reforma. Y aunque sus argumentos son que no llegaran los mejores perfiles a esos puestos, no vende este argumento pues es lo que sucede hoy, donde los políticos y jueces son los que deciden quiénes entran y quiénes no, pues la diferencia ahora será que públicamente habrá un filtro donde pasaran a votación personas que acrediten una serie de requisitos para ser jueces (experiencia), y la decisión final de su elección como juez será de la población. En el fondo el temor del Poder Judicial es que perderán el poder de decidir quiénes forman parte de “su poder”.