¡Cuba abre la puerta a las grandes empresas privadas! Autorizan compañías de hasta 100 trabajadores
El Consejo de Estado de Cuba publicó un decreto mediante el cual se autoriza la creación de empresas privadas con hasta 100 trabajadores, un cambio que amplía las posibilidades para los ciudadanos y modifica una de las principales restricciones que existían para el sector privado.
La nueva medida da continuidad a la autorización aprobada en 2021, cuando el gobierno permitió la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes). Sin embargo, estas compañías tenían un límite de 100 trabajadores, mientras que las empresas de mayor tamaño permanecían prácticamente reservadas al Estado.
Nuevas figuras para las empresas privadas
De acuerdo con el decreto, las compañías que cuenten con varios propietarios estarán constituidas bajo la figura de Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).
En el caso de los negocios que pertenezcan a un solo propietario, podrán adoptar la denominación de Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada (SURL).
La reforma representa una ampliación del espacio permitido para la actividad empresarial privada en la isla, aunque este tipo de compañías deberán continuar cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades cubanas.
Cuba acelera sus reformas económicas
El anuncio se suma a una serie de modificaciones impulsadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Tan solo durante junio, las autoridades cubanas llevaron a cabo un total de 176 reformas económicas.
A nivel internacional, estos cambios son interpretados como una señal de mayor apertura de Cuba hacia mecanismos vinculados con el libre mercado y la actividad privada, alejándose parcialmente de algunas de las políticas económicas tradicionalmente asociadas con el modelo comunista.
Las modificaciones se producen además en medio de la presión económica que enfrenta la isla por las sanciones estadounidenses y el bloqueo petrolero.
Pese a la apertura, la actividad empresarial privada en Cuba continúa estando sujeta a la regulación estatal y las empresas deben obtener un permiso previo antes de comenzar operaciones.
