¡Hasta 10 años de cárcel! Proponen castigar el etnocidio en México con nueva ley indígena

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, presentó los principales alcances de la iniciativa de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual contempla la creación del delito de etnocidio y nuevos mecanismos para proteger los derechos de estas comunidades.
La propuesta incorpora un nuevo Libro Octavo que establece responsabilidades administrativas, nuevos delitos y herramientas jurídicas para garantizar la protección de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Uno de los puntos centrales es la tipificación del etnocidio, definido como cualquier acción realizada con la intención de destruir, de manera total o parcial, la identidad étnica o cultural de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
La iniciativa plantea sanciones de seis a diez años de prisión, además de multas de hasta 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes cometan este delito. Las penas aumentarían en una tercera parte cuando el responsable sea un servidor público o actúe en representación del Estado mexicano.
Asimismo, la sanción podría incrementarse hasta en una mitad si las acciones derivan en la muerte de integrantes de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Además del etnocidio, la propuesta contempla nuevos delitos como la usurpación de funciones, la suplantación de identidad indígena o afromexicana, el robo del patrimonio cultural y el uso o aprovechamiento indebido de expresiones culturales sin autorización de las comunidades.
Otro de los cambios relevantes es la creación del juicio de amparo indígena y afromexicano, un mecanismo que permitirá proteger judicialmente los derechos colectivos de los pueblos originarios cuando sean vulnerados por actos de autoridad.
La iniciativa será sometida a un proceso de consulta nacional con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas antes de ser enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual aprobación.




