¡Crece la presión contra la prensa! Periodistas enfrentan cargos federales en Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos federales contra el exconductor de CNN Don Lemon y los periodistas independientes Georgia Fort y Junn Bollmann, quienes podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por su presunta participación en hechos ocurridos durante una protesta en Minnesota.
El caso se originó tras una manifestación registrada el pasado 18 de enero en la iglesia Cities Church, en St. Paul, donde un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso encabezado por un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además de los periodistas, decenas de personas fueron acusadas de conspirar para violar el derecho a la libertad religiosa de los asistentes.
Don Lemon rechazó las acusaciones y aseguró que se encontraba en el lugar únicamente para realizar su labor periodística.
“Yo estaba allí como periodista, no como manifestante. Estaba entrevistando a personas de todos los bandos y transmitiendo en vivo. Todo quedó grabado”, afirmó.
El proceso judicial ha reavivado el debate sobre los límites de la protección que la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos brinda a los periodistas. Aunque la legislación estadounidense protege ampliamente la libertad de prensa frente a demandas por difamación o restricciones a la publicación de información, diversos precedentes judiciales establecen que los periodistas deben cumplir las mismas leyes penales que cualquier otro ciudadano.
Especialistas recuerdan que la Corte Suprema determinó desde 1972, en el caso Branzburg vs. Hayes, que los periodistas no cuentan con privilegios especiales frente a investigaciones criminales y pueden ser obligados a colaborar con las autoridades cuando exista una investigación penal.
Sin embargo, organizaciones defensoras de la libertad de prensa han manifestado su preocupación por el cambio de postura del Departamento de Justicia durante la administración del presidente Donald Trump, al considerar que existe una estrategia más agresiva contra los medios de comunicación.
El caso también coincide con otra investigación en la que autoridades federales realizaron el aseguramiento de dispositivos electrónicos de una reportera de The Washington Post durante una pesquisa relacionada con la filtración de información clasificada, una actuación que ha sido impugnada ante los tribunales.
Diversas organizaciones periodísticas consideran que ambos procesos podrían marcar un precedente para el ejercicio del periodismo en Estados Unidos, al advertir que las investigaciones penales contra comunicadores podrían incrementar la presión sobre quienes cubren protestas, conflictos sociales o casos de interés público.
Mientras continúan los procesos judiciales, corresponderá a los tribunales determinar si las acciones de los periodistas constituyeron una violación a la ley o si estuvieron protegidas por el ejercicio de la libertad de prensa garantizada por la Constitución estadounidense.
