Envejecer: Un derecho, no una carga social
Envejecer debería entenderse como uno de los mayores privilegios de la existencia humana. Llegar a la vejez significa acumular experiencias, afectos, aprendizajes y memoria social. Sin embargo, en muchos contextos, sobre todo en esta frontera, esta etapa enfrenta profundas formas de invisibilización, desigualdad y violencia silenciosa que contradicen el discurso de respeto y derechos humanos que como sociedad afirmamos defender.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, el envejecimiento poblacional constituye uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XXI; estiman que para 2050, una de cada cuatro personas en México será adulta mayor. Esta transformación demográfica obliga a replantear políticas públicas, infraestructura urbana, sistemas de salud y modelos de convivencia social.
La Constitución reconoce los derechos para este sector, destacando el acceso a pensiones no contributivas para personas mayores de 65 años. Existen avances significativos; sin embargo, garantizarles una vida digna implica asegurar acceso efectivo a servicios de alimentación, salud, movilidad segura, redes eficientes de cuidado, participación comunitaria y respeto pleno a la autonomía de las personas mayores. En ese sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce el derecho a una vida libre de violencia durante la vejez, estableciendo la responsabilidad de los Estados de generar las condiciones que favorezcan su bienestar integral y la inclusión social.
En este país, millones de adultos mayores enfrentan condiciones de vulnerabilidad que van desde la precariedad económica hasta distintas formas de violencia física, psicológica, patrimonial y emocional. Incluso diversos estudios advierten que la tercera parte de esta población experimenta abandono, discriminación o despojo económico, muchas veces dentro de sus propios espacios familiares. A ello se suma el edadismo: una forma de discriminación basada en la edad que reduce a las personas mayores a estereotipos de inutilidad, dependencia o improductividad.
Además, existe una forma de violencia particularmente preocupante por su invisibilidad: la indiferencia. No deja marcas físicas ni aparece en estadísticas oficiales, pero se manifiesta en el abandono, la soledad cotidiana, la infantilización de sus decisiones y la ausencia de acompañamiento, aspectos críticos considerando que el aislamiento social incrementa riesgos de depresión, deterioro cognitivo y enfermedades cardiovasculares, afectando severamente su calidad de vida.
Frente a este panorama, el reto no es solo institucional, sino también cultural y humano, y como sociedad debemos preguntarnos: ¿en qué momento comenzamos a asociar la vejez con inutilidad?, ¿cuándo dejamos de escuchar a quienes durante años sostuvieron nuestras familias y comunidades?, ¿por qué normalizamos que tantas personas envejezcan en soledad?
En una localidad como Ciudad Juárez, que mantiene una vocación económica industrial, con frecuencia se mide el valor de las personas por su capacidad de producir, consumir y mantener ritmos acelerados de vida, por lo que todo parece diseñado para quien puede caminar rápido, trabajar largas jornadas y sostener niveles permanentes de productividad, y pocas veces consideramos qué ocurre cuando el cuerpo envejece o cuando las necesidades cambian.
Basta recorrer las calles para observar escenas cotidianas: personas de la tercera edad esperando solas en clínicas públicas, intentando cruzar avenidas o trabajando en estacionamientos, supermercados y espacios informales porque sus ingresos no alcanzan para vivir con tranquilidad. La jubilación, que debería representar una etapa de descanso y plenitud, para muchas personas se ha convertido en una extensión obligada de la precariedad.
Necesitamos reconocer que las personas adultas mayores no representan una carga social. Son nuestros orígenes, memoria colectiva, experiencia y conocimiento acumulado. Muchas contribuyeron durante décadas al crecimiento económico, social y cultural de esta ciudad. Trabajaron en maquiladoras, comercios, escuelas, oficinas, transporte, servicios y hogares. Ignorar sus aportes equivale a negar parte de nuestra propia historia.
El verdadero desarrollo de una ciudad no puede medirse solamente por sus indicadores económicos o industriales. También se refleja en la forma en que trata a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, porque una sociedad que abandona a sus personas mayores termina debilitando su tejido social y ético.
La vejez no debería ser sinónimo de exclusión, al contrario, envejecer con dignidad debe asumirse como un derecho humano y como una responsabilidad colectiva. Reconocer, proteger y visibilizar a las personas adultas mayores no es un acto de caridad: es un acto de justicia, de paz social y de humanidad. Porque el futuro al que todos aspiramos depende también de la manera en que hoy decidimos acompañar y respetar la vejez.
Rosa Isabel Medina Parra / Doctora
