Trump endurece controles financieros y pone bajo la lupa remesas y créditos a migrantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que busca reforzar la vigilancia del sistema financiero y endurecer las medidas contra el lavado de dinero, el fraude y actividades vinculadas a migrantes sin autorización laboral en el país.
El documento, firmado el 19 de mayo de 2026, instruye al Departamento del Tesoro y a distintas agencias reguladoras a revisar riesgos asociados con cuentas bancarias, préstamos y transferencias de dinero relacionadas con personas consideradas “inadmisibles o sujetas a deportación”.
La orden establece que las instituciones financieras deberán considerar factores como la posibilidad de deportación o pérdida de ingresos al evaluar la aprobación de créditos como hipotecas, préstamos automotrices o tarjetas de crédito.
De acuerdo con el texto, muchos prestatarios podrían enfrentar pérdida de ingresos debido a acciones migratorias o a decisiones de empleadores, lo que —según el documento— afecta su capacidad de pago y representa un riesgo para el sistema financiero.
También se ordena reforzar la supervisión sobre transferencias internacionales de bajo monto, incluyendo remesas, al señalar que este tipo de operaciones podrían ser utilizadas para actividades ilícitas como financiamiento del terrorismo, narcotráfico y trata de personas.
El reporte menciona análisis financieros que identifican flujos de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo y presuntas redes de lavado vinculadas a organizaciones criminales con base en México y estructuras financieras en China.
La nueva política instruye además a las autoridades a emitir alertas a bancos sobre señales de riesgo como evasión fiscal, pagos fuera de nómina, tráfico de personas y movimientos sospechosos en cuentas o plataformas digitales.
Asimismo, las instituciones financieras podrán solicitar información adicional a los usuarios, como estatus migratorio, permisos de trabajo y verificaciones reforzadas en caso de contribuyentes que utilicen el ITIN, un número fiscal para personas sin Seguro Social.
Aunque el uso del ITIN no es ilegal, la orden señala que podría ser considerado un factor de riesgo que implique mayor supervisión por parte del sistema bancario.
