Reforma al delito de homicidio imprudencial

Hace una semana, por mayoría de votos, el pleno del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Penal, para incrementar las penas por homicidio imprudencial cometido por conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, o bien, que conduzcan a exceso de velocidad, incrementando las penas de prisión que pueden alcanzar hasta los 13 años.

Dicha reforma me recordó la reflexión de mi maestro de Teoría del Delito, cuando cursaba mi maestría en Derecho Penal, pues nos decía que existe una profunda paradoja en la forma en que la sociedad percibe el sistema de justicia penal, pues comúnmente se exige “mano dura” y penas más severas, porque la mayor parte de la sociedad se visualiza siempre como posibles víctimas, olvidando que el sistema está diseñado para sancionar conductas (muchas veces derivadas de descuidos, imprudencias o negligencias) a las que cualquier persona está expuesta en su día a día, pues muchos de los delitos que se cometen a diario son de carácter culposo o imprudencial (sin intención), esto es, un accidente de tránsito con lesionados o daños, un error médico, o un incendio accidental son conductas que pueden llevar a cualquier ciudadano común ante un juez.

Sin embargo, es hasta que un ciudadano se encuentra inmerso en un proceso penal, que transita de la indiferencia a la preocupación de que se le siga un proceso justo, en el que se le respete el debido proceso, su presunción de inocencia, a partir de leyes justas y equitativas, en el que las autoridades investiguen eficientemente y ahora súmele la preocupación de que su caso sea sometido al arbitrio de una persona juzgadora con experiencia.

Este tipo de reformas suelen responder más a una estrategia política para ganar simpatías electorales, que a una preocupación real por resolver el problema de fondo, pues la historia nos ha demostrado que incrementar las penas nunca ha disminuido los índices delictivos, basta ver la alta incidencia en el delito de feminicidio, pese a la severidad con que esta conducta se sanciona, por lo que el incrementar la pena de prisión para el delito de homicidio imprudencial bajo los supuestos que se establecieron, no atiende las causas del problema desde su origen, pues el derecho penal actúa cuando el delito ya se ha cometido, ignorando así que el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y el conducir a exceso de velocidad, constituye una problemática de salud pública, educación vial y deficiente infraestructura vial y de transporte, que para su real solución requieren un enfoque integral mucho más amplio y complejo que el solo incrementar las penas de prisión.

Máxime, que al menos en Ciudad Juárez, las calles y vialidades constituyen un ambiente propicio para la generación de percances viales por su falta de infraestructura vial, pues para empezar los carriles de circulación de las principales avenidas ni siquiera se encuentran delimitados, somos una ciudad sin banquetas, derivado del desordenado crecimiento de la ciudad (lo que genera un gran número de atropellamientos, que en muchas casos terminan justamente en homicidios de carácter imprudencial), sin puentes peatonales suficientes, sin señalización, con un gran número de baches y constantes obras en proceso que dificultan el tránsito por la ciudad, por lo que el llegar a casa sanos y a salvo se ha convertido en una verdadera hazaña.

A lo anterior, se suma el complejo problema de movilidad por el que atraviesa la frontera, por la falta de trasporte público eficaz y suficiente, que ha obligado a los juarenses a depender del automóvil o de los servicios de trasporte por aplicación para trasladarse, lo que ha generado una sobrecarga excesiva de vehículos en las principales vialidades, creando un círculo vicioso de embotellamientos y largos tiempos de traslado con todo lo que ello conlleva.

Por lo que esta reforma, al menos en la frontera, llega en el peor momento pues no constituye una solución real para el problema que -se dijo- se pretende erradicar; por el contrario, solo congestionara aún más el ya sobre cargado sistema de justicia penal, al impedir que muchos de estos delitos se sigan resolviendo a través de mecanismos de solución alterna, a partir del incremento en su penalidad.

Ixchel Cano / Analista