“Caso CIA-Chihuahua alcanza a Bonilla: piden investigar acuerdos de seguridad con Estados Unidos”

El caso Chihuahua-CIA ya no sólo alcanza al Gobierno del Estado. Tras revelarse la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense y abrirse investigaciones federales por la posible participación de extranjeros en labores de seguridad, la pregunta inevitable es: ¿qué papel jugaron las autoridades municipales, incluido el alcalde Marco Bonilla, en esta red de acercamientos con agencias de Estados Unidos?

La polémica explotó luego de que se documentara que la FGR abrió dos líneas de investigación por el caso Chihuahua-CIA: una por el narcolaboratorio desmantelado y otra por la presunta participación de agentes extranjeros en labores de seguridad. En el Senado incluso se discutió si estos hechos podrían encuadrar en traición a la patria, mientras se recordó que la investigación no concluye con la renuncia del exfiscal César Jáuregui.

El nombre de Bonilla entra al debate por un antecedente incómodo: en noviembre de 2025, medios locales reportaron que el alcalde viajó a Washington para fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza y sostener reuniones con Homeland Security, congresistas y espacios académicos. Días después, se informó que el edil reforzó lazos con Estados Unidos en materia de seguridad, inversiones y cooperación internacional.

El problema no es reunirse. El problema es qué se habló, con quién se habló, qué acuerdos se ofrecieron y si hubo coordinación o compromisos en materia de seguridad sin pasar por los canales federales obligatorios.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había sido clara: la colaboración con Estados Unidos puede existir, pero no como operaciones en campo ni como presencia extranjera actuando en territorio nacional sin autorización federal. Según El País, Sheinbaum señaló que la falla principal estaba en el gobierno estatal que solicitó esa colaboración, y recordó que los agentes extranjeros no pueden desempeñar funciones propias de autoridades mexicanas sin aprobación de la SRE.

Aquí está el punto delicado para Bonilla: si un alcalde gestionó, impulsó o facilitó acuerdos de seguridad con dependencias estadounidenses fuera del marco federal, debe aclararlo públicamente. Porque cuando se habla de seguridad nacional, inteligencia, agencias extranjeras y territorio mexicano, no estamos ante una foto diplomática: estamos ante un posible problema de soberanía.

El Código Penal Federal contempla penas de 5 a 40 años de prisión por traición a la patria cuando se realizan actos contra la independencia, soberanía o integridad nacional con finalidad de someterla a un gobierno extranjero, o cuando se coopera con un Estado extranjero de forma que pueda perjudicar a México.

Por eso, Bonilla no puede esconderse tras el discurso de “cooperación internacional”. Hoy debe responder:

¿Con qué agencias se reunió?
¿Informó a la SRE y al Gobierno Federal?
¿Hubo acuerdos de seguridad, inteligencia, vigilancia o intercambio de datos?
¿Se ofreció participación extranjera en programas municipales?
¿Su gobierno tuvo relación con la estrategia estatal que terminó bajo investigación federal?

La peor consecuencia política para Bonilla sería quedar vinculado al mismo esquema que hoy tiene bajo sospecha a Maru Campos, César Jáuregui y mandos estatales. La peor consecuencia legal, si se acreditara una conducta contra la soberanía nacional, podría ser una investigación federal por delitos contra la seguridad de la Nación.

Chihuahua no necesita autoridades que confundan cooperación con subordinación. Si Marco Bonilla abrió la puerta a agencias extranjeras en temas de seguridad, que lo investiguen. Y si no lo hizo, que entregue documentos, agendas, minutas y nombres. Porque en seguridad nacional no basta decir “fue una gira”: hay que demostrar que no se entregó soberanía.