Chihuahua abre puerta a agencias de EU y desata debate por soberanía y transparencia
Chihuahua, Chih.– La estrategia de seguridad del Gobierno de Chihuahua entró en el centro de la controversia luego de que autoridades estatales confirmaran la posibilidad de colaboración e incluso presencia de agencias de Estados Unidos en territorio estatal, lo que ha generado cuestionamientos sobre soberanía, legalidad y transparencia.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, señaló que la llamada Torre Centinela —ubicada en Ciudad Juárez— podría albergar de forma eventual e incluso permanente a corporaciones como el FBI, la DEA y la CBP, como parte de un esquema de cooperación en materia de inteligencia y combate a delitos transnacionales.
De acuerdo con el funcionario, esta colaboración actualmente se limita al intercambio de información dentro de las facultades estatales; sin embargo, indicó que se encuentran en curso procesos ante la Cancillería para ampliar el nivel de cooperación con dichas agencias.
La Torre Centinela, un edificio de 20 niveles concebido como eje de la estrategia de seguridad estatal, contempla la instalación de un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, desde donde se coordinarían acciones con autoridades nacionales e internacionales, incluyendo corporaciones de Texas y Nuevo México.
El proyecto también ha generado críticas por su alcance tecnológico, que incluye miles de cámaras de videovigilancia, lectores de placas y herramientas de reconocimiento facial, lo que ha despertado preocupación entre activistas por posibles riesgos a la privacidad de la ciudadanía.
A ello se suman señalamientos por la falta de transparencia en la asignación de contratos y recursos para su construcción, así como cuestionamientos sobre la pertinencia de destinar miles de millones de pesos a infraestructura de vigilancia en lugar de programas sociales.
La polémica se intensificó tras reportes periodísticos que señalan la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos en la sierra de Chihuahua sin autorización federal, lo que podría representar una violación a la Ley de Seguridad Nacional.
En este contexto, mientras el Gobierno federal ha reiterado su postura de defensa de la soberanía nacional, la estrategia de seguridad en Chihuahua abre un debate sobre los límites de la cooperación internacional y el papel de actores extranjeros en territorio mexicano.
