Vivienda para el Bienestar: justicia social, no improvisación

En estos días, he escuchado muchas voces preocupadas —y otras malintencionadas— decir que el nuevo Programa de Vivienda para el Bienestar busca “legalizar invasores”. Nada más alejado de la verdad. Lo que este gobierno está haciendo es poner orden, dar justicia y reparar el desastre que otros dejaron.

Primero lo dejo claro y sin rodeos: no se le va a quitar una casa a nadie que legalmente le pertenezca. El objetivo no es arrebatarle el patrimonio a los trabajadores, sino rescatar lo que el abandono y la corrupción dejaron como huella: más de 800 mil viviendas en condiciones de olvido, vandalismo o incluso en manos de quienes las ocuparon sin ningún marco legal.

¿Cómo llegamos a esto? No fue por casualidad. Durante años, el Infonavit —presionado por intereses privados y gobiernos omisos— permitió la construcción de fraccionamientos alejados de las ciudades, sin transporte, sin escuelas, sin agua, sin calles pavimentadas. Viviendas construidas sin corazón ni visión social, pensadas solo como negocio. Muchas personas, legítimos trabajadores, simplemente no pudieron vivir ahí. Se vieron obligadas a abandonar esas casas, a veces porque era imposible llegar, otras porque los servicios básicos nunca llegaron. Y, como si eso fuera poco, también hubo fraude: casas que se vendieron hasta cinco veces, en un sistema fallido que olvidó a la gente.

Hoy, con el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, esta realidad está empezando a cambiar.

El programa Vivienda para el Bienestar no improvisa. Se están haciendo censos casa por casa para saber quién vive en cada inmueble y si esa persona es el dueño legal. Si la propiedad tiene un propietario registrado, su derecho es respetado por completo. Y si perdió la vivienda por falta de pago, se le ofrece una reestructura de su crédito para que la recupere. Nada de desalojos violentos, todo con respeto y claridad legal.

En los casos donde la vivienda está abandonada, el Estado interviene con inversión social: rehabilita, conecta servicios, repara, y la pone a disposición en esquemas de renta-compra, para que más familias puedan acceder a un hogar digno.

Esta política no es populismo ni dádiva. Es justicia. Porque vivir con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

Así se construye la transformación. Sin atropellar a nadie, sin repetir los errores del pasado, y sobre todo, poniendo por delante el bienestar del pueblo, que es y será siempre la prioridad de Morena.

Hoy, regularizar esas viviendas no es legalizar la injusticia. Es, por fin, hacerle frente. Es darle nombre y certeza jurídica a quienes han vivido en el abandono. Es devolverle sentido al Infonavit y al sueño de la vivienda como un derecho, no como un negocio.