Chofer de la presidenta del INE estaría vinculado con empresa investigada por presuntas prácticas monopólicas
Una investigación publicada por el diario Reforma señala que Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñaría como chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), sería apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa que, junto con Cajas Graf, tiene una participación relevante en el mercado de materiales electorales.
De acuerdo con el reporte, ambas compañías han sido objeto de investigaciones por parte de distintas autoridades, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Señalan investigaciones contra empresas de materiales electorales
Según la información difundida, la UIF investigó a Corporativo Zeg y Cajas Graf y llegó a congelar sus cuentas. Por su parte, la ASF indagó posibles prácticas ilícitas, mientras que la Cofece abrió en mayo de 2024 un expediente relacionado con presuntas prácticas monopólicas.
Estos antecedentes forman parte de los señalamientos sobre las empresas y su participación en el mercado de materiales utilizados en procesos electorales.
Vinculan el caso con un contrato asignado en Chihuahua
El reporte también recuerda que, en 2021, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, asignó a Cajas Graf un contrato por 33.9 millones de pesos.
En 2024, Espino se incorporó al INE como secretaria ejecutiva.
La información publicada señala que Navarrete Torres declaró percibir un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos por realizar labores de transporte para la presidencia del organismo electoral.
Señalan omisión en declaración patrimonial
De acuerdo con el reporte, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026, Navarrete Torres no habría informado que era apoderado para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg. En cambio, habría registrado como empleo anterior su trabajo como chofer en Mercedes-Benz.
El señalamiento abre interrogantes sobre la información reportada en su declaración patrimonial y los posibles vínculos profesionales con empresas relacionadas con el sector electoral.
Hasta el momento, los datos proporcionados no permiten establecer por sí solos que Navarrete Torres haya incurrido en alguna irregularidad. Las investigaciones mencionadas contra las empresas tampoco equivalen, por sí mismas, a una resolución definitiva de responsabilidad.
