BUSTAMANTE PARA ALSUPER, LA CANTERA PARA CRUZ RUSSEK: CUESTIONAN PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN CHIHUAHUA
La venta de más de 2 mil metros cuadrados de una calle pública a una empresa privada reavivó las críticas contra el Cabildo de Chihuahua por el manejo del patrimonio urbano.
Meses antes, el mismo Ayuntamiento había incorporado a La Cantera el nombre de Víctor Cruz Russek.
La ausencia del regidor de Morena Miguel Riggs en la votación final también provocó molestia entre militantes.
Chihuahua, Chih.— La aprobación del Cabildo para desincorporar y enajenar un tramo de la calle Anastasio Bustamante a favor de Inmobiliarias Alsuper volvió a colocar bajo cuestionamiento la manera en que el Ayuntamiento encabezado por Marco Bonilla administra el espacio público de la capital.
La operación comprende alrededor de 2 mil 110 metros cuadrados de vialidad pública, entre avenida Universidad y calle 21ª, por un monto superior a 18.3 millones de pesos. La superficie dejará el dominio público municipal para incorporarse a un proyecto comercial privado.
La decisión ha detonado una crítica política más amplia: ¿hasta qué punto puede tratarse una calle como un activo susceptible de ponerse en venta cuando el beneficiario final es un proyecto empresarial privado?
Los cuestionamientos no surgieron únicamente fuera del Cabildo. Durante la discusión, los regidores de Morena Hugo González y Elena Rojo votaron en contra de la enajenación. La postura crítica se centró en que el asunto no consiste solamente en determinar si 18 millones de pesos constituyen un precio adecuado, sino en decidir si un bien público debe transferirse de manera permanente a intereses privados y qué precedente puede sentarse para otros bienes municipales.
La ausencia del también regidor de Morena Miguel Riggs provocó además un profundo malestar entre militantes y simpatizantes del partido, quienes cuestionaron en redes sociales que no estuviera presente en una votación que involucraba directamente la enajenación de patrimonio público municipal.
El enojo aumentó después de que trascendiera que Riggs había respaldado previamente el asunto en comisión, pero no acudió a la sesión definitiva del Cabildo. En contraste, Hugo González y Elena Rojo sí estuvieron presentes y votaron en contra.
En distintas expresiones difundidas en redes sociales, militantes llegaron a calificar su ausencia como una “traición” a la postura que esperaban de los representantes de Morena frente a la transferencia de un bien público a una empresa privada. La expresión refleja el malestar de esos sectores y abre una discusión interna sobre la responsabilidad política de quienes representan a la oposición dentro del Cabildo.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: si el patrimonio público estaba en juego, ¿por qué un regidor de Morena que había participado previamente en el asunto decidió no estar presente cuando llegó el momento de emitir el voto definitivo?
El caso Bustamante se suma a otra decisión que ya había provocado cuestionamientos meses atrás. En abril, el Ayuntamiento aprobó adicionar el nombre de Víctor Cruz Russek, empresario y esposo fallecido de la gobernadora Maru Campos, a la avenida De La Cantera. En aquella misma sesión se incorporaron también los nombres de Francisco Barrio y Samuel Kalisch a otras vialidades.
La coincidencia de ambos episodios ha alimentado una lectura crítica sobre la administración del espacio urbano: una calle pública termina incorporándose a un proyecto comercial privado y otra de las principales avenidas de la ciudad recibe el nombre de una figura vinculada al entorno de la gobernadora.
Desde esa perspectiva, las críticas hablan de un manejo patrimonialista del espacio público, entendido como la tendencia a administrar bienes que pertenecen a la colectividad como si estuvieran sujetos a las prioridades políticas o económicas del gobierno en turno.
En redes sociales, ciudadanos han comenzado a expresar molestia y cuestionamientos por el tratamiento que el Ayuntamiento da a las calles de Chihuahua. Entre las críticas se repite una idea: mientras existe disposición para vender, renombrar o modificar espacios públicos, persisten problemas elementales de pavimentación, mantenimiento y abandono urbano en distintos sectores de la capital.
El contraste resulta especialmente sensible en las colonias periféricas y también en zonas del centro, donde el deterioro de calles y la presencia de baches continúan siendo parte de las principales demandas ciudadanas.
Para quienes cuestionan estas decisiones, el problema de fondo es cada vez más evidente: el espacio público parece recibir un tratamiento distinto dependiendo de quién tenga interés sobre él.
Cuando una calle resulta útil para un proyecto empresarial, se enajena. Cuando una avenida adquiere valor simbólico, se modifica su denominación para rendir homenaje a figuras vinculadas con el entorno político del poder estatal. Mientras tanto, muchas de las calles que diariamente utilizan miles de chihuahuenses siguen esperando mantenimiento.
La crítica más dura apunta a un Cabildo cuya mayoría panista aparece cada vez más cercana a intereses económicos y políticos con capacidad de influencia en la capital. Esa es precisamente la razón por la que distintos sectores han comenzado a hablar de una administración patrimonialista del espacio público y de una subordinación política frente a intereses privados.
La empresa ha defendido la operación de Bustamante bajo el argumento de que el proyecto modernizará la zona, permitirá resolver problemas de estacionamiento y carga y descarga, y generará mejoras urbanas. Los integrantes del PAN que respaldaron la medida también han planteado beneficios económicos y de desarrollo.
Pero precisamente ahí se encuentra el centro de la controversia: si la inversión privada y la actividad económica justifican que una vialidad pública deje de pertenecer al patrimonio municipal.
Marco Bonilla enfrenta esta discusión además en un momento de creciente proyección política estatal, mientras su nombre aparece entre los aspirantes del PAN rumbo a la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Por eso, el debate ya no se limita a una operación de 18 millones de pesos ni a un cambio de nomenclatura.
Es una discusión sobre quién manda sobre las calles de Chihuahua, a quién beneficia su administración y hasta dónde puede llegar un gobierno cuando comienza a tratar el patrimonio público como si fuera parte de su propio patrimonio político.
Bustamante para Alsuper. La Cantera para Cruz Russek. Y las calles con baches para los chihuahuenses.
