Gobierno castiga a dos empresas por engañar en licitaciones; quedan vetadas de contratos públicos
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a dos empresas por irregularidades detectadas en procesos de contratación con el Gobierno de México, imponiéndoles multas económicas e inhabilitaciones que les impedirán participar en nuevas licitaciones federales.
De acuerdo con un comunicado emitido el 7 de julio, las compañías Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, S.A. de C.V. y Atv de Sahuayo, S.A. de C.V. fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados tras comprobarse distintas faltas durante procedimientos de contratación pública.
En el caso de Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios, el Órgano Interno de Control del IMSS le impuso una multa de 643 mil 188 pesos y una inhabilitación de un año, luego de detectar que presentó información falsa para acreditar experiencia en una licitación nacional de 2024 relacionada con el suministro y distribución de víveres para hospitales del IMSS y del programa IMSS-Bienestar.
La investigación concluyó que la empresa entregó tres contratos de compraventa con los que intentó demostrar experiencia y especialidad, documentos que no cumplían con los requisitos de veracidad exigidos por la autoridad.
Por su parte, Atv de Sahuayo, S.A. de C.V. recibió una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses por actuar de mala fe durante una licitación internacional para la adquisición de cascos de protección para motociclistas destinados al Servicio Postal Mexicano.
Las autoridades determinaron que la empresa presentó documentación sin verificar su autenticidad, incurriendo en una conducta que vulneró la legalidad del proceso de contratación.
Ambas sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las compañías quedaron impedidas para participar, de manera directa o mediante intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación con dependencias del Gobierno Federal.
La Secretaría Anticorrupción subrayó que las empresas aún pueden impugnar las resoluciones por la vía legal; sin embargo, advirtió que defenderá las sanciones al considerar que fueron impuestas conforme a derecho y en protección del interés público.
“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, enfatizó la dependencia al reiterar su compromiso con la transparencia, la legalidad y el combate a las irregularidades en las compras gubernamentales.
