Castigo por expulsar a presunto acosador de alumnas

La sentencia para que una preparatoria privada de esta ciudad pague 21 millones de pesos a un estudiante que la demandó por daño moral luego de haber sido expulsado exhibe una terrible paradoja.
Muestra dicha decisión que, al menos hasta donde va ese proceso y desde la perspectiva de la escuela, el derecho o la ley no necesariamente parecen ser lo mismo que la justicia. El estudiante previamente fue acusado no una, sino varias veces por acoso sexual contra alumnas de la institución.
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Desde inicios de mes, y luego de que el Instituto Tesla difundió la sentencia en su contra, la representación legal del demandante explicó a este medio que el proceso civil no cuestionaba la actuación de la escuela en materia penal, una de las instancias a la cual reportó que el estudiante había sido señalado por diversas alumnas por presuntas conductas inapropiadas.

El problema, explicó el abogado Joel Vélez, fue que, después de que un juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso al estudiante, el Instituto lo “expulsó de inmediato” y sin “derecho a defensa” sobre esa medida, pasando por alto, agregó el abogado, diversos protocolos de protección que también le corresponden y que, a juzgar por el fallo, el juez civil consideró asimismo violentados.

Pero, si por eso ganaron el caso en primera instancia, cabe preguntar entonces dónde queda el derecho de una institución educativa -esa o cualquiera- a creer en las quejas de sus alumnas y tratar de protegerlas y, sobre todo, dónde queda el derecho de esas adolescentes a acceder a lo que tanto se ofrece desde los diversos niveles del Estado mexicano: una vida libre de violencia.

Durante la ceremonia de inauguración de la Feria Canaco Juárez 2026, en la X, ocurrió algo que no le pasó desapercibido a nadie: al momento de presentar a los invitados especiales y mencionar el nombre de la gobernadora Maru Campos, parte del público comenzó a gritar su nombre en plan de porra.

Dicen las lenguas de triple filo que Carlos Ortiz, quien fue en representación de la gobernadora Maru Campos, abrió tamaños ojotes cuando todos voltearon a verlo con cara de sospecha, pues más de uno pensó que habría organizado los aplausos para la mandataria estatal.

Quienes alcanzaron a escuchar cuentan que, al final del evento, el presidente de Canaco, Iván Pérez, le dijo a Ortiz: “te salió bien, mi Charly”, y el representante de la góber respondió: “claro que no, todo fue espontáneo”.
Lo cierto es que, después del caso del “CIA Gate”, que terminó desatando una persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, los bonos de Maru se fueron para arriba.

Lo de antier, en la apertura de la Feria Canaco, fue resultado de la victimización que le armaron a la gobernadora; y ese mismo efecto se sigue viendo, con más fuerza y más claridad, en los eventos que encabeza la propia Campos.

De cara a las elecciones de 2027, este tipo de señales anima a los panistas, que ya casi quieren echar las campanas al vuelo; aunque, como dice el clásico, una golondrina no hace verano y todavía les falta mucho, pero mucho, camino por recorrer, particularmente en territorio pintado de guinda desde Anapra hasta Salvárcar; desde el Córdoba Américas hasta la Ciudad del Conocimiento.

Los nueve distritos electorales de Ciudad Juárez y el que tiene cabecera en Nuevo Casas Grandes son el ejemplo más ilustrativo de la necesidad del PAN y el PRI de competir aliados, pese al discurso albiazul nacional de que ya no quieren nada con los tricolores.

En el primer distrito, en la elección de 2024, la panista Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías obtuvo por el PAN 13 mil votos, mientras que Ilse América García levantó 19 mil 600 por Morena; al final ganó la candidata azul gracias a la alianza, que la empujó hasta los 24 mil sufragios, sobre 23 mil 600 de su rival.

En los distritos segundo y tercero con cabecera en la frontera, Leticia Ortega Máynez y Óscar Daniel Avitia les pasaron una aplanadora por encima a sus competidores panistas; sin exageraciones, la ventaja fue de casi 10 a uno en el comparativo específico Morena-PAN, en contiendas en las que el PRI aportó la misma cantidad de votos que Acción Nacional, aunque fuera a causas perdidas.

En el distrito cuarto la victoria morenista no fue tan amplia, pero en el comparativo directo de votos de cada partido de Rosana Díaz y la panista Austria Galindo, la primera sumó 35 mil, sobre 21 mil del albiazul.
El quinto distrito, el único que ganó el PAN con Xóchitl Contreras, fue la alianza con el PRI la definitiva: logró 27 mil votos azules y casi siete mil tricolores para vencer a Pedro Torres de Morena, quien alcanzó 30 mil votos morenistas, pero le aportaron pocos los del PT. Entró como legislador como mejor perdedor, empañándole una victoria al albiazul, que no ha hecho mucho por trabajar esa único distrito favorable.

En los demás distritos, Irlanda Márquez, Elizabeth Guzmán, Cuauhtémoc Estrada, Magdalena Rentería y María Antonieta Reyes les dieron otra repasada a los panistas, apenas matizada o amortiguada por los votos del PRI, de los dos mil a los cinco mil en cada una de las demarcaciones, nada despreciables aunque sean poquitos.

La numeralia la traen a cuento entre priistas y panistas que, con diapositivas de Power Point en mano, intentan convencer de la necesidad de ir aliados, en vez de mantener incendiarios discursos que los manden al matadero seguro si van por separado.

Definitivamente algo tendrá que hacer el recaudador de rentas en Juárez, Raúl García, para agilizar los trámites que permitan a los propietarios de autos sacar sus placas.
Para empezar, el interesado en tales identificaciones debe sacar una cita para que le sean revisados sus documentos. Es la primera parada.

Luego de ello, debe mostrar sus documentos en un módulo que existe expresamente para tal fin: segunda parada.
Tras haber concluido la revisión, hay una tercera parada que consiste en una revisión física del auto, enfrente del módulo donde revisaron los documentos.
Una vez que se cumplieron esos tres pasos, el usuario debe esperar entre 24 y 48 horas para regresar a las oficinas de recaudación y poder pagar sus placas, por lo que deberá regresar físicamente a hacer el trámite.
Entre todo ello, se van por lo menos ocho días hábiles, para pasar por esa montaña de burocracia.
Sin embargo, varios de esos pasos se duplican y hasta triplican, generando vueltas y vueltas a los usuarios, que deben pasar por ese calvario para poder cumplir con la ley.
Si hubiera trabajo de innovación e interés en hacerles menos complicada la vida a los usuarios, cualquier persona con sentido común podría sentarse con los expertos de recaudación y diseñar algo más práctico.