Funcionarios caen en desacato por destruir presón en El Saucito

Pese a suspensión judicial, CNA y Fiscalía irrumpen ilegalmente en propiedad ligada a César Duarte; indígenas del Ejido El Trigueño denuncian afectaciones
Chihuahua, Chih.– La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, destruyó un presón ubicado en el rancho “El Saucito”, propiedad asegurada del exgobernador César Duarte, desatando una grave violación a una suspensión provisional emitida por un Juez de Distrito.
La acción, realizada en la madrugada del 27 de mayo, pasó por alto una resolución judicial obtenida por pobladores originarios del Ejido El Trigueño, comunidad indígena encabezada por Luis Bustillos, quienes promovieron un amparo indirecto para impedir la destrucción de la obra hidráulica. El agua que escurre de estos presones abastece a dicha comunidad para el consumo humano y de ganado.
De acuerdo con el abogado del exmandatario, Juan Carlos Mendoza Luján, ni Duarte ni sus representantes fueron informados oficialmente ni tienen posesión legal del rancho, el cual permanece asegurado. A pesar de ello, las autoridades federales ingresaron sin autorización y demolieron una barda rústica de mampostería de apenas 1.20 metros de altura, cuya existencia supera las cuatro décadas.
“La suspensión otorgada por la juez fue ignorada flagrantemente, en perjuicio de una comunidad indígena que depende de esas aguas. Es falso que esa estructura tuviera capacidad para retener 700 mil metros cúbicos, como se aseguró desde la Presidencia de la República”, subrayó Mendoza.
El abogado lamentó la desinformación que, según él, se transmitió a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia matutina. Las imágenes presentadas, dijo, corresponden a una estructura legal y modesta, lejos de representar una presa clandestina de grandes dimensiones.
Este episodio levanta serias preguntas sobre el proceder de las autoridades federales, su respeto al Estado de Derecho, y la aparente indiferencia ante los derechos de las comunidades indígenas que habitan en la zona.