Grupo Carvel acumulaba contratos y relaciones comerciales con el Gobierno de Chihuahua desde 2015
Registros oficiales documentan una relación comercial de al menos nueve años entre empresas vinculadas a Carlos Alberto Velázquez Nieto y distintas dependencias estatales; los antecedentes incluyen suministro de combustibles, facturación al Gobierno y un saldo de más de 7.1 millones de pesos registrado en una auditoría de Hacienda.
Una revisión de padrones oficiales de proveedores, expedientes de contratación, informes de auditoría y comprobantes fiscales del Gobierno del Estado de Chihuahua revela que empresas vinculadas a Carlos Alberto Velázquez Nieto, identificado como representante de compañías relacionadas con Grupo Carvel, mantenían relaciones comerciales con la administración estatal desde varios años antes de la constitución de Aseo Municipal y de la licitación del servicio de recolección de residuos de Ciudad Juárez, realizada en 2023.
Los documentos consultados permiten reconstruir una trayectoria empresarial que se remonta, al menos, a 2015 y que involucra distintas razones sociales relacionadas con la comercialización y el suministro de combustibles.
Uno de los primeros antecedentes aparece en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado correspondiente a 2015. En ese registro figura Energética Carvel, S.A. de C.V., con RFC ECA131022SLA, dedicada a la venta de combustible y cuyo representante identificado es Carlos Alberto Velázquez Nieto.
La presencia de esta empresa no fue un registro aislado. El padrón estatal de 2020 vuelve a incluirla dentro del rubro de combustibles, lubricantes y aditivos, con movimientos registrados durante 2018, 2019 y 2020. Su actividad aparece descrita como comercialización de gasolinas y diésel.
Otro antecedente se encuentra en documentación de 2019 de la Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua. En los expedientes relacionados con el suministro y transporte de combustibles aparece Porteadora Carvel, S.A. de C.V., también representada legalmente por Velázquez Nieto.
A estos registros se suma un dato financiero relevante. El Informe Individual de Auditoría de Cumplimiento Financiero de la Cuenta Pública 2021, correspondiente a la Secretaría de Hacienda estatal, reportó un saldo de 7 millones 142 mil 247 pesos con 54 centavos a favor de Energética Carvel al 31 de diciembre de ese año.
El registro acredita la existencia de una obligación económica de la dependencia estatal con la empresa en ese ejercicio, aunque por sí mismo no constituye evidencia de irregularidades en el pago.
La relación comercial también aparece documentada en ejercicios posteriores. En 2023, comprobantes fiscales publicados por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común identifican a Combustibles Carvel, con RFC CCA160121V55, como emisor de facturas cuyo receptor fue el Gobierno del Estado de Chihuahua, por adquisiciones de combustible realizadas durante diciembre de ese año.
La documentación correspondiente a 2024 vuelve a mostrar operaciones facturadas por Combustibles Carvel a nombre del Gobierno estatal, lo que confirma la continuidad de transacciones comerciales durante ese ejercicio.
Una relación que antecede a la licitación de Ciudad Juárez
La relevancia de estos antecedentes radica en que la presencia de empresas relacionadas con Velázquez Nieto en la actividad comercial del Gobierno estatal no comenzó con Aseo Municipal ni con el procedimiento de contratación del servicio de recolección de residuos en Ciudad Juárez en 2023.
Los registros muestran una trayectoria previa en distintos sectores y dependencias, principalmente en el suministro de combustibles y servicios relacionados con el transporte.
La revisión documental abre una línea de investigación sobre la evolución de las empresas vinculadas a Grupo Carvel, sus relaciones comerciales con distintas administraciones estatales y los mecanismos mediante los cuales ampliaron su participación como proveedoras del sector público.
El siguiente punto por esclarecer es la relación corporativa y administrativa entre las distintas razones sociales, así como los contratos, montos, procedimientos de adjudicación y posibles vínculos entre sus antecedentes como proveedoras y su posterior participación en servicios públicos municipales.
Por ahora, los documentos permiten establecer una cronología verificable de relaciones comerciales desde 2015, pero no bastan por sí solos para acreditar favoritismo, tráfico de influencias o alguna conducta ilegal.
